En posts anteriores (Monticello, de la escasez a la abundancia, Wi-Fi, las Administraciones Públicas y la CMT, !Chim Pum¡ Internet y Carmen de la Legua-Reynoso y su acceso libre a Internet) hemos dedicado algunas líneas al tema del despliegue de infraestructuras públicas (básicamente con fondos municipales) para dotar a los hogares de acceso a Internet de banda ancha. Creo particularmente, en atención al rol subsidiario que hemos asignado al Estado, que constituye un error y que salvo algunas excepciones (bibliotecas municipales, colegios, universidades y algunas plazas públicas) estamos ante una actividad que deberiamos dejar en manos privadas.
En el número 6 (2) de «The FTTH Prism» hemos encontrado un interesante artículo sobre el tema (Why Municipal Fiber Hasn’t Succeeded) de Robert Atkinson y George Ou.
Para Atkinson y Ou uno de los principales argumentos a favor de una banda ancha municipal es, que una red subvencionada adicional incrementa el nivel de competencia con lo que se logra una disminución de los precios. Sin embargo, éstos defensores no sostienen que las ciudades deben invertir en una nueva red eléctrica o en una segunda red de gas. La construcción de una «tubería» adicional para cualquiera de estos servicios costaría una cantidad enorme, superior a cualquier beneficio que genera una mayor competencia.
La economía de la banda ancha no es diferente. La duplicación de una red cuesta una gran cantidad de dinero y, a menudo, no proporciona un mejor servicio. Los efectos de esta subvención se dejarán sentir tanto dentro como fuera de la comunidad. Una nueva red significará un menor número de suscriptores para los proveedores tradicionales. Estas pérdidas de ingresos lleva al proveedor tradicional a subir sus precios en toda la red. También se producirán menores inversiones en redes de próxima generación por parte de los operadores tradicionales fuera de la comunidad, ya que tendrán menos incentivos para apoyar estas inversiones. Es decir, tenemos una externalidad negativa para la sociedad en su conjunto.
Los políticos municipales podrían argumentar que no les interesa el bienestar de los residentes fuera de su comunidad. Sin embargo, se pasa por alto el hecho que los precios de banda ancha son de naturaleza regional y no con base en una comunidad. Para que funcione la competencia no tiene que existir un competidor en cada calle. En la medida que las empresas no incurran en discriminación, siempre que existan dos competidores en una porción de la región, se disciplinarán los precios.
En Utah, en el Condado de Provo, la red «iProvo» de fibra de servicios municipales fue un fracaso financiero, tanto que las autoridades se vieron obligados a dar la red al operador de red privada Broadweave Networks. Otros once condados de Utah, formaron una coalición llamada Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA), la cual estuvo al borde del colapso financiero en el 2008, tanto que sólo pudo sobrevivir con impuestos adicionales y nada asegura que sea viable en el futuro.
Estos modelos fracasaron por sobreestimar las tasas de penetración y subestimar la competencia. Si los proyectos municipales no pueden tener los suficientes abonados para cubrir sus gastos, los precios bajos sólo se pueden mantener subvencionados por otras fuentes.
En Burlington, Vermont, tenemos a Burlington Telecom, que es considerada la más exitosa operación de fibra municipal de los Estados Unidos. Sin embargo, ofrece un menor desempeño a un mayor precio que el más importante proveedor de Fiber to the Home (FTTH) del país, Verizon. Burlington Telecom ofrece 8 Mbps por US$ 72 por mes en comparación con los 20 Mbps de Verizon a US$ 70 por mes. Esta diferencia de precios se puede atribuir a las eficiencias de escala. Los grandes operadores de red como Verizon operan redes telefónicas que les permiten gestionar las grandes redes de Internet sin costo adicional.
Mientras que la fibra municipal casi siempre representa una pérdida para la comunidad, hay ocasiones en que pueden estar justificadas. Ciudades que necesitan una red de banda ancha más rápida, sin embargo, debería considerar la posibilidad de disponer una red municipal como último recurso. Suponiendo que una comunidad tiene más de un proveedor de banda ancha, debería tratar de incentivar a sus operadores de telefonía o de cable para llegar a un óptimo rendimiento de banda ancha, y no una tecnología específica, como FTTH. Debe hacerlo mediante la participación en una asociación público-privada para financiar al menos algunos de los costos de la ampliación y mejora de las redes existentes. También podrían reducir las barreras regulatorias, tales como los derechos de vía o tributos municipales.
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