Desde hace algún tiempo APDAYC (Asociación Peruana de Autores y Compositores) no deja de hacer noticia o de estar en la cresta de la ola como decimos huacháfamente (cursimente) por aquí. A los serios cuestionamientos que ha recibido la gestora de contenidos por algunos problemas en su administración y por la defensa cerrada de la implantación de la Compensación por copia privada en el Perú, sumamos otro tópico no menos polémico. Nos referimos al extraño convenio que ha firmado con el IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión) para administrar, supuestamente, los contenidos de Radio Nacional del Perú.
Como parece ser una costumbre de la administración estatal peruana los términos del acuerdo se mantienen ocultos para los no iniciados. Este ocultismo ha desatado una serie de especulaciones sobre el posible destino de la radiodifusora estatal, la principal, la cesión de la titularidad de Radio Nacional a la sociedad de gestión colectiva de contenidos más importante del país.
En principio, parece que este convenio no significa el traspaso de la administración o de la propiedad de Radio Nacional a APDAYC, no podía serlo a partir de un acuerdo como el anunciado sin vulnerar por lo menos media docena de dispositivos legales, nos referimos a aquellos que regulan la participación de la actividad privada en las empresas del Estado. Según ha referido el presidente del directorio del IRTP (El Comercio: Ghibellinni aclara que IRTP no cedió administración de Radio Nacional a Apdayc), el lazo entre Radio Nacional y APDAYC constituye una suerte de “alianza estratégica” para mejorar la programación de la emisora. De esta forma se buscaría superar el atraso de diez años de material fonográfico que padece Radio Nacional.
Lo curioso de este tema es que con este acuerdo, APDAYC pasa a reforzar su posición como un importante broadcaster en la escena radial peruana. No olvidemos que la gestora es titular de seis radios en provincias y que en febrero de este año adquirió una parte importante de las acciones de la histórica discográfica nacional IEMPSA. Es decir, al mismo tiempo que APDAYC defiende los intereses de interpretes y ejecutantes, también tiene participación en la industria fonográfica y en la radial. Con lo cual podríamos decir que participa prácticamente en toda la cadena de producción musical.
De acuerdo a la Ley de Derechos de Autor aprobada por Decreto Legislativo 822 una Sociedad de Gestión Colectiva es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a gestionar los derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de los autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI la autorización de funcionamiento correspondiente. No tengo acceso al Estatuto de APDAYC, pero la Ley de Derechos de Autor no limita expresamente su participación en actividades de carácter empresarial.
En principio, la mayoría de las críticas que se han hecho a la intervención de APDAYC en la programación de Radio Nacional parecieran no tener fundamento, pues se quiere ver en un raro acuerdo de suministro de contenidos una entrega de su administración. El propio Massé -nada raro- ha tenido algunas desafortunadas declaraciones y aclaraciones (La República: Apdayc y Radio Nacional) sobre el particular, que poco han servido para entender la verdadera naturaleza de la operación. Sería importante que APDAYC o el Gobierno hicieran público el acuerdo para saber de qué estamos hablando.
Sin embargo, el hecho que la Ley y el Estatuto de APDAYC no la limiten a participar en los diversos niveles de la industria del entretenimiento no significa que no estemos ante un posible conflicto de intereses.
El cuestionamiento por tanto parece reducirse a si nuestra legislación debiera contemplar alguna restricción para la participación de las sociedades de gestión colectiva en los diversos niveles de la industria de contenidos, donde el riesgo empresarial es inherente a la actividad. Desde mi particular óptica, creo que si los socios de APDAYC autorizan a Massé a formar parte de aventuras empresariales poniendo en riesgo parte de sus ingresos, son libres de hacerlo, al fin y al cabo son sus propios intereses los que están en juego. Ello siempre y cuando la factura no la terminen pagando los ciudadanos a través de alguna excentricidad o compensación adicional. Sin embargo, haríamos bien en sincerar el sistema y convertir a las sociedades de gestión colectiva en sociedades anónimas quitándoles la engañosa etiqueta de asociaciones sin fines de lucro.
Ya se debe organizar la gran campaña contra los atropellos de APDAYC. Una institucion copada de abogados que esquilman a los artistas , especialmente de provincias.