En las entradas anteriores de esta serie me he referido a la forma en que las páginas web del Estado y al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) establecen barreras de acceso (explícitas o tácitas) a las normas legales vigentes. La trilogía oficial del acceso a las normas peruanas se completa con una mirada al Diario Oficial El Peruano. Como señala Antonio Rodriguez Lobatón, El Peruano se ha dedicado a desarrollar una serie de prácticas explotativas aprovechando su monopolio sobre la publicación de las normas legales con la única finalidad de hacer cada vez más complicado y costoso acceder a ellas. Mientras en el caso de las páginas web del Estado y de SPIJ esta situación podría explicarse en la dejadez o ignorancia de quienes las manejan, en el caso de El Peruano hay una estrategia visiblemente encaminada a propietarizar algo que no es de nadie: las normas legales.
El Diario Oficial El Peruano es un producto de Editora Perú S.A., una empresa estatal creada durante el gobierno de Morales Bermúdez con la finalidad de “difundir las Leyes, Decretos, Resoluciones y demás disposiciones y documentos cuya publicación sea obligatoria conforme a ley” y posteriormente transformada en una empresa privada de titularidad estatal. Además de El Peruano, también posee la Agencia de Noticias Andina y presta servicios editoriales a través de Segraf. Sin embargo, el 99% de sus ingresos proviene de la venta del Diario Oficial.
Pero acceder a las normas legales del día en El Peruano es bastante difícil. Cada vez son menos los lugares donde se puede encontrar el diario y, de dar con uno, habrá que abonar la suma de S/. 2.00 (0.70 USD) por un periódico de treinta y dos páginas de autobombo oficialista más el Boletín de Normas Legales. Claro que también puede consultarse la página web, desde donde puede descargarse en formato PDF todo el Diario, salvo las normas legales. Para leer el Boletín de Normas Legales del día tendremos que seguir un vínculo especial dentro de la página web y hacerlo a través de una interfaz Java cargada con imágenes de cada una de las páginas del Boletín. Está deshabilitada la opción de guardar dichas imágenes y para pasar las páginas hay que usar un navegador numérico que las muestra de diez en diez. Si tenemos en cuenta que cada Boletín tiene entre 50 y 80 páginas, leer una norma de la página 63 puede tomar bastante tiempo.
Utilizar la base de datos de normas legales anteriores es incluso más difícil. Solo están las normas desde el año 1996. Hay que usar un motor de búsqueda según fecha de publicación con opción a restringir los resultados según texto o entidad. Si bien los resultados de la búsqueda se muestran en forma independiente, tras hacer clic en el resultado deseado y llenar un captcha, empezamos a descargar el boletín completo del día en el que fue publicada la norma. El archivo PDF que descargamos, sin embargo, se encuentra protegido por contraseña y no permite copiar texto, imprimir, leer en voz alta o extraer su contenido. Lo único que puede hacerse con el Boletín de Normas Legales es leerlo desde una computadora.
El Peruano no tienen ningún derecho de propiedad intelectual sobre las normas legales. No es un descuido de su parte que el Boletín de Normas Legales venga protegido. Los archivos PDF del cuerpo principal del Diario y de sus suplementos no tienen estas restricciones. Es decir, a Editora Perú no le importa que alguien que descargó el PDF del cuerpo central de El Peruano –sobre el que indiscutiblemente tiene un derecho de propiedad intelectual– extraiga una página, lo imprima o copie y pegue el texto de un artículo. Sin embargo, sí ha implantado medidas tecnológicas específicas para que estas actividades no puedan llevarse a cabo con el Boletín de Normas Legales.
Editora Perú ha confundido su condición de empresa con el rol que el Estado le ha asignado. Cierto, es una persona jurídica como cualquier otra regida por la Ley General de Sociedades en muchos aspectos. Pero parte de su negocio es desempeñar una función de interés público otorgada en exclusividad: publicar y difundir las normas legales, requisito indispensable para su validez. La forma en la que desempeña esta labor, lejos de priorizar el libre acceso a las normas legales, tiene un fuerte interés comercial. ¿Cuál es el sentido de que el Estado le otorgue el monopolio de la publicación y difusión de las normas legales si Editora Perú parece más interesada en hacer dinero que en permitirnos leerlas y estudiarlas?
Efectivamente, estas prácticas propietarizantes les dan resultados. Tienen ingresos por ventas físicas, venta de compendios, avisaje, publicidad, por el costo de publicar de normas legales y demás actuaciones judiciales y administrativas. Tienen una planilla de casi 500 empleados y se dan el lujo de publicar un diario de treinta y dos páginas lleno de publirreportajes del Estado que nadie lee. Los 11 millones de soles de utilidades netas reportados en el II Trimestre del 2010 (33% más que respecto del mismo periodo en el 2009) nos dicen que no lo están haciendo nada mal. Un dato: sus principales clientes son las propias entidades del Estado.
El costo de que una empresa estatal se embolse varios millones de soles (provenientes de los ciudadanos y de las propias entidades del Estado) es altísimo. Tenemos una población que se ve obligada a comprar el acceso a sus propias normas legales y muchas dependencias estatales que tienen que pagar para que se publiquen sus normas u optar por no publicarlas. La publicación de las normas legales en formatos accesibles no solo permitiría que cualquiera pueda leer cómodamente las normas sino que crearía un mercado de servicios informativos legales construído sobre un insumo común y gratuito. Desde guías actualizadas para el público en general hasta servicios para estudiantes y profesionales, todos saldríamos ganando de la competencia en este mercado.
Y como consecuencia de todo esto, ¿no está el Perú incumpliendo la obligación de transparencia que establece, entre otros, el Art. III GATS?
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm
Como en los casos criminales, lo primero que debemos preguntarnos es: A quien o a que empresa beneficia ésto?. Otra pregunta suelta, la editora Normas Legales (y ahora dueña de Compuleg que da servicio en linea) sigue perteneciendo al Compañero y ex Congresista Luis Santa María?
Me parece que Normas Legales es ahora parte del Grupo Gaceta Jurídica, de Walter Gutiérrez Camacho. Obviamente, los beneficiados son los de Editora Perú y las pocas empresas que venden bases de datos legales a estudios jurídicos y empresas a precios astronómicos.
Me es mas facil googlear una norma que buscarla en el Peruano. Es cierto que la mayoria de trabas pueden ser «desviadas» (se puede quitar el bloque a un PDF) pero no cualquiera puede hacerlo y lo que importa es la conducta de negocio, antes de publicidad de la ley que parece tener Editora Perú.
Creo que deberia ser labor del Ministerio de Justicia organizar una base de datos pública con las normas del dia a dia.
Buena entrada Miguel. Creo que como dices Editora Normas legales se ha apropiado de las Normas Legales, mientras en otros países se abre al público y sin restricciones este tipo de archivos aquí se los mercantiliza. Después aparecerán los funcionarios del gobierno hablando de la sociedad de la información y otras perlas huecas por el estilo.
Miguel: Excelente comentario. Es estúpido que aten la venta del boletín de normas legales a un periódico tan malo y rastrero. Una de las peores cosas son sus ¿suplementos?, inclusive el malísimo «Jurídica», que alguna buena época tuvo cuando un abogado joven lo dirigía, pero ahora es un recopilado de ensayos de pésima calidad.
Creo yo, como lo señala el primer comentario, que hasta inclusive estaríamos violando las obligaciones de transparencia de nuestros Tratados de Inversión, ya que no tenemos un solo sistema confiable (no sabes cuanta gente desconfía del SPIJ en la Administración Pública) de información normativa para los inversionistas y el público en general.
En realidad, un primer paso significativo sería colgar inmediatamente las normas en pdf al comienzo del día. A futuro, dos cosas: eliminar el diario y sacar solo las normas como boletín, a precio de costo. La segunda, hacer un sistema de normas legales abierto que compile, unifique y gestione todas las normas, al menos desde 1900 en adelante.
Celebro todos tus aportes y el blog, naturalmente. Es la tapa!.
un abrazo,
RHT
Estimados.-
Soy abogado egresado de una universidad peruana y ahora estoy ejerciendo en Chile.
Les comento que en Chile es muy fácil buscar las normas y les doy la web para probarlo y es gratis: http://www.congreso.cl, e ingresen a biblioteca y encontraran todas las normas publicadas en Chile.
En el Perú esto no puede estar pasando ya que el principio que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley.
Sabemos que no vamos a leer todas las normas pero ¿si queremos conocerlas?, no se estaría atentando este principio o norma?
Les dejo esta idea…
Eric Moncayo Castillo
Baquedano 796 A, oficina a02 Arica-Chile
Celular 00569981389734
Realmente es una gran ayuda y apoyo a la colectividad y a todos los peruanos, con este servicio tan inportante; así estaremos enterados de la actualidad política , administrativa y de toda indole del Perú en general, gracias por su apoyo.
Atentamente,
Henry Paredes
Muy interesante esta publicación… Les comento una experiencia por la que he tenido que pasar el día de hoy y que fue justamente el motivo por el que empecé a buscar almas que como yo se encontraran expresando su malestar por lo rudimentario del actual sistema (¿sistema?) de difusión de las (de nuestras) normas legales: Necesito una norma de sólo 3 páginas -de las 124 que tiene la edición del día- y me resulta imposible separar el archivo pdf por el motivo de que requiero ingresar una contraseña… ¡Es de lo más absurdo!, ¡no se imaginan lo complicado que se hace el manejo documentario con situaciones como la descrita! Los peruanos tenemos derecho a exigir un verdadero sistema de información normativa: uno que permita filtrar normas, uno con un motor de búsqueda más eficiente, uno que permita la trazabilidad (Dios bendito si alguien en nuestro querido aparato estatal tiene esa cuota mínima de emprendimiento) de tal manera que uno pueda saber a qué otras normas va amarrada una determinada norma y si ésta está vigente, fue derogada o fue modificada, y en este último caso cuáles fueron sus modificatorias… Esto, a mi parecer, es algo RECONTRA FUNDAMENTAL desde un punto de vista de manejo documentario, y el hecho de que no exista simplemente asusta… ¿Es que tan poco nos importa? Si alguien conoce de algún medio a través del cual nos podamos hacer escuchar (facebook, twitter, una cadena de correo, etc.) por favor compártanlo… Muchos saludos,
Atte.
Hugo Villar
Ing. HSE
Nada ha cambiado hasta hoy. Caminé todo Huacho tratando de encontrar el bendito Diario, sin éxito, me dijeron que solo pueden acceder los que están suscritos o los que se acerquen al PJ. Como si la gente de a pie, se pudiera dar el lujo de hacer alguna de las dos cosas. Lástima.
El Peruano puede ser dueño de la impresión, pero no de las normas de las cuales lo somos todos los peruanos, muy mal que se trate de lucrar. Hoy en día sabemos cuan importante es la ley para el ser humano, y carece de sentido que solo algunos, los que pagan, tengan expedito el derecho a acceder. Deberiamos elevar un demanda que en ultima instancia hasta podría ir a la Corte de Costa Rica. Quien accede a que lo hagan sentirse mal, merece estar peor.