“[El Estado es un] enorme aparato que por cientos de kilómetros se encarga de administrar problemas liliputienses”
Alexis Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville (1805 – 1859)
Hace unas semanas, en medio del fragor del combate electoral, los representantes del partido que finalmente ganaría las elecciones presidenciales peruanas nos anunciaron su particular lista de reformas al modelo económico existente. Una de las medidas puesta a debate fue la posible modificación del artículo 60 de la Carta Política de 1993. En particular la manzana de la discordia parece ser el segundo párrafo del artículo mencionado, el cual nos señala lo siguiente: «Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional».
Esta disposición describe lo que se ha venido a llamar el rol subsidiario del Estado y, que según uno de los voceros más autorizados en materia económica del futuro nuevo oficialismo sería uno de los grandes males del actual diseño institucional, gracias a este principio -nos dicen- el «Estado se ha corrido al otro extremo y se estaría cruzando de brazos frente a situaciones fragantes (sic) como el no acceso a servicios financieros, por parte de los micro y pequeños empresarios.»
En lo particular, luego de leer estas y otras muchas declaraciones similares, creo que no se entiende qué es lo que significa que el Estado tenga un rol subsidiario en la economía y cuales son los peligros de dejar de lado este principio.
El origen del rol subsidiario
La idea de mantener al Estado en un papel subsidiario aparece en la encíclica Quadragesimo Anno del Papa Pío XI (1857 – 1939) promulgada en 1931, era de El Gran Gatsby, las Hoovervilles y Cinderella Man. Las ideas que sostienen esta doctrina vienen del obispo de Maguncia, el alemán Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877) y el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), que de liberales o capitalistas no tienen nada de nada.
Valdría la pena que los detractores de la subsidiaridad repasen el breve texto de Quadragesimo, seguro que al hacerlo se sorprenderán al descubrir que aún cuando reconoce que el libre mercado es beneficioso para la sociedad, ataca la acumulación de recursos económicos en manos de unos pocos y sus consecuencias.
Es en el marco de esta exigencia para la moderación del libre mercado, que aparece el desarrollo teórico de la subsidiariedad del Estado de la siguiente forma:
«Es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar para encomendarlo a una comunidad, así también es injusto, y al mismo tiempo grave perjuicio y perturbación del recto orden social, avocar a una sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Todo influjo social debe por su naturaleza prestar auxilio a los miembros del cuerpo social, nunca absorberlos y destruirlos».
La doctrina social de la iglesia recoge de esta forma un principio que regula el grado de intervención del Estado en la vida económica y social de un colectivo organizado, y el ámbito de actuación de los ciudadanos, grupos sociales y agentes económicos intermedios.
Es decir, contrariamente a lo que se viene diciendo, el rol subsidiario no es fruto ideológico de la rancia derecha trasnochada como un forma para atar de manos al Estado, por el contrario, creemos que estamos ante un principio sano y de lo más razonable, que lejos de eliminarse deberíamos de intentar proteger.
Porqué es bueno el rol subsidiario
El rol subsidiario del Estado en una economía de mercado es fundamental, porque evita que éste intervenga en actividades de la vida económica nacional que de común están siendo provistas de forma más o menos eficiente por los privados. Nada asegura que la intervención del Estado será mejor o más eficiente, todo lo contrario, la experiencia nos dice que la actuación del Estado será siempre de menor calidad. Quienes piensan que los burócratas de hoy serán más eficientes que los funcionarios que gerenciaron el aparato público durante los gobiernos de Velasco (1968 a 1975), Belaunde (1980 a 1985) o García (1985 a 1990) revelan sólo un ejercicio de fatal arrogancia.
Se suele perder de vista que el Estado cuando invierte en la actividad económica no lo hace con sus propios recursos pues no los tiene, sino que mete mano a los recursos públicos, eufemismo que no sirve para otra cosa que para denominar a los dineros que el Estado ha recogido -básicamente por la vía impositiva- del tejido productivo, es decir de los privados. Por lo tanto, al no haber generado estos ingresos con ningún esfuerzo, no tendrá tampoco ningún cuidado en no malgastarlo. La experiencia nos dice que lo último es lo que comúnmente hace el Estado además de dejar la actividad en la que participa hecha jirones.
Por otro lado, el principal inconveniente del Estado es que es esencialmente incapaz de recoger y administrar de forma eficiente la información que genera el mercado. La sociedad produce un enorme caudal de información que los millones de agentes económicos evalúan y procesan diariamente sin mayor dificultad. Mientras que la burocracia estatal, aparcada lejos de esta dinámica, es incapaz de hacer este ejercicio a la misma velocidad y precisión, por lo tanto el resultado que arroja su intervención siempre será infinitamente inferior.
Entonces… muerte al Estado
No. El Estado ha demostrado probadamente su necesidad. Aunque hay que reconocer que rara vez se dedica a lo que debiera, en gran medida porque funcionarios y políticos suelen padecer de la arrogancia de creer que tienen unas capacidades de las que evidentemente carecen.
Dedicaremos otra entrada a desarrollar estas ideas.
OPINION: El Estado no puede actuar de espaldas al pueblo mientras un pequeño grupo de sujetos egoístas y/o avaros lucran con los recursos naturales no renovables que deben beneficiar a todos en la satisfacción de las necesidades primarias de la población como: la salud, alimentación, educación, vivienda, y vestido. Pues, resulta indignante que los frutos de esta riqueza que nos brinda la naturaleza sólo sirva para un grupúsculo privilegiado, mientras el pueblo muere de hambre, de frío, y recrudece la TBC.
El pueblo eligió a OLLANTA HUMALA TASSO, y el presidente electo a partir del 28 de julio 2011 deberá iniciar la gran transformación del Perú. Eso pasa necesariamente por reivindicar los derechos fundamentales del pueblo; así como reorientar los recursos naturales que se entregan en condiciones leoninas para servir de palanca al desarrollo industrial, dando valor agregado a las materias primas que se entregan en concesión a precios viles, bajo el manto constitucional del modelo neoliberal.
Un ejercicio práctico puede servir para que cada lector forme su propio juicio a partir de la razón y la lógico elemental, veamos: Imagínese un yacimiento de oro con reservas probadas y probables estimadas en 15 millones de onzas de oro, cuyo precio internacional de mercado supera 1,500 dólares la onza; mientras el costo de operación es del orden de 139 dólares onza. Calcule usted la diferencia para tener idea de que negocio estamos hablando.
Gracias por opinar Victor.
Sobre que el Estado actúa de espaldas al pueblo, de acuerdo. Pero creo que tenemos un punto de vista distinto en algunas cosas. Considero que gran parte de los problemas estructurales de la economía peruana está en que muchos de los servicios que provee el Estado son de una calidad desastrosa: la peor educación de América Latina (si expetuamos a Haití), un sistema de salud deplorable, una seguridad interna lamentable y un sistema judicial espantoso.
Es decir, no tiene mucha lógica que le pidamos al Estado que haga más cosas. Si lo poco o mucho que hace el Estado (Gobiernos Regionales y Locales incluídos) lo hace fatal, la lógica nos dice que a mayor cantidad de funciones menor calidad media de las mismas. Porqué mejor no racionalizamos y hacemos al Estado eficiente y dejamos que los privados inviertan sus excedentes productivos en libertad, creando empleo y oportunidades de desarrollo.
Estimo que la explotación de los recursos naturales benefician a todos y no sólo a un grupúsculo de personas. Gran parte de los ingresos de originados por las industrias extractivas se redireccionan en la actualidad a las Regiones y Gobiernos Locales vía canon y sobrecanon. Que no se utilicen (gran parte de los ingresos del canon se devuelven) o se utilicen mal (en monumentos inútiles y parques descomunales), que es lo que normalmente ocurre, es responsabilidad del Estado no de las empresas mineras.
Por otro lado, no estoy de acuerdo necesariamente con tu ejercicio pues no reconoce que hoy el Estado recoge gran parte de estos recursos vía regalías e Impuesto a la Renta, además no contempla los costos incurridos en la etapa de exploración y tampoco el costo de oportunidad por las exploraciones que no terminaron explotándose. Entonces, debemos reconocer que el Estado ya recoge una parte importante de estos dividendos de explotación. El margen de acción del próximo gobierno debiera estar en determinar cuanto más se puede ajustar tributariamente a las mineras sin reducir los incentivos para la exploración de nuevos yacimientos.
La reorientación de los recursos naturales hacia la creación de un sistema productivo no es una labor que le corresponda necesariamente al Estado, su intervención en este rubro podría ser penosa, basta recordar los ruinosos emprendimientos industriales iniciados durante el gobierno de Velasco.
El principal capital de una nación no es el oro enterrado en la mina, sino el capital humano. Lamentablemente es allí es donde el Estado hace su peor esfuerzo. Si queremos luchar contra la pobreza y el subdesarrollo implementemos un buen sistema de educación, eliminemos las barreras a la inventiva, incentivemos la creatividad y borremos las inexplicables cargas que soportan los sectores empresariales menos intensivos en capital, es decir a las micro y medianas empresas.
Saludos,