Omar Chehade vs. la Internet

Un nuevo Proyecto de Ley presentado por Omar Chehade y otros congresistas de la bancada nacionalista busca establecer un sistema de censura previa en Internet. El Proyecto de “Ley de Protección del Menor de Contenidos Pornográficos en Internet” propone que todas las páginas con contenido para adultos sean bloqueadas por defecto y que solo los usuarios que lo soliciten expresamente no se vean afectados. Para ello, crea una comisión de siete representantes de distintas entidades tendrían a su cargo revisar y seleccionar las páginas web a ser bloqueadas. El Proyecto fue presentado esta semana y espera ser discutido en Comisiones antes de pasar al Pleno.

Hay varios problemas con la propuesta que me interesa explicar aquí. Pero lo primero que tiene que quedar claro es que este no es un debate sobre si los menores de edad deben o no acceder a contenidos para adultos. Creo que todos podemos coincidir en que ese no es un escenario deseable. Lo que me interesa cuestionar es si establecer filtros previos y obligatorios a todo el contenido en Internet es la mejor forma de evitarlo. Yo creo que sería un remedio peor que la enfermedad.

El proyecto parte de reconocer que existen otros mecanismos para restringir el acceso de menores a contenidos para adultos. Así, menciona las soluciones que a nivel de software tienen a disposición los padres a través de las empresas operadoras (ej. Zona de Seguridad Speedy) o directamente a través de soluciones comerciales (ej. las de Windows). Sin embargo, el proyecto considera que estas soluciones son demasiado difíciles para los usuarios comunes y que no funcionan en el caso de dispositivos móviles, entre otros motivos, “porque la pantalla es reducida” (p. 10). Ello los lleva a sostener que resulta más apropiado que sea el Estado el que obligue la imposición de esos filtros a los proveedores de acceso a Internet. Esta es una afirmación errada porque sí existen formas controlar lo que un menor hace o no hace a través de un teléfono móvil, y muchas de ellas son gratuitas. Si usan iOS o Android lo tienen instalado como parte del sistema operativo. Si un adulto es lo suficientemente inteligente como para llamar a contratar un servicio también tendrá la capacidad de llamar a contratar el servicio adicional de control parental o solicitar información sobre el tema. Asumir lo contrario es tratar a los usuarios de Internet como tontos.

También se menciona la infame Ley 28119 que obligaba a las cabinas de Internet a contar con cierto número de computadoras con bloqueos y a registrar a todos sus usuarios. El Proyecto reconoce correctamente que la ley fue un sonoro fracaso. Sin embargo, en lugar de reconocer que la ley fracasó porque el Estado no tenía la capacidad operativa ni la legitimidad constitucional para hacerlo, señala que la dicha ley ha quedado desfasada porque la mayoría de peruanos acceden a Internet desde sus hogares o desde dispositivos móviles. Para sostener esta afirmación, recurren a una serie de datos estadísticos cuya interpretación choca frontalmente con la realidad perceptible: estamos muy lejos de ser un país que se conecta a Internet desde el hogar. Ese puede ser un dato cierto en Lima Metropolitana y en un par de capitales de provincia más pero dista mucho de la realidad de la mayoría de hogares peruanos. Sí, las conexiones desde hogares tienen una tendencia a crecer, pero hasta ahora solo el 25% de hogares peruanos tiene ese servicio.

Por ello, el Proyecto concluye que la única manera de combatir el problema es a través del compromiso de los proveedores de acceso a Internet. Por eso propone que todas las páginas web con contenido para adultos se bloqueen por defecto en todas las conexiones a Internet del país. Como garantía de neutralidad, nos ofrecen que existirán reglas claras sobre qué tipo de contenidos serán bloqueados, los bloqueos serán comunicados a los usuarios y podrán apelarse. Sin embargo, incluso con estas garantías, la censura previa de las comunicaciones debe de ser tratada como un último recurso. En este caso, veo tres problemas claros con el mecanismo propuesto.

El mecanismo abre las puerta a afectaciones a la libertad de expresión. La Convención Interamericana de Derechos Humanos claramente señala que está prohibida la censura previa de cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Permitir la instauración de un cuerpo oficial de control de contenidos significaría abrir la puerta censuras encubiertas. Así, bastaría que alguien diga que vio un material peligros para menores en la página de, digamos, IDL-Reporteros para que contenidos como el reportaje sobre las reuniones de Omar Chehade en Brujas de Cachiche sean sacados de circulación nacional. Dado el volumen de páginas bloquedas, llegaría un punto en el que por más que se tenga acceso a la lista de páginas filtradas esa información no podría ser procesada y monitoreada para prevenir abusos.

Pero la propuesta también significa una afectación a la privacidad. La personas que consumen contenidos para adultos, al igual que cualquier otro usuario, tienen derecho a que sus datos no formen parte de bases de datos que puedan afectar su derecho a la vida privada o su intimidad. Este Proyecto crearía una lista nacional y oficial de consumidores de pornografía de la que de seguro nadie querría formar parte.

Finalmente, hay un problema de orden práctico. Imagínense a un grupo de siete funcionarios estatales mirando todos los días cantidades alucinantes de pornografía y decidiendo qué contenidos serán prohibidos. Probablemente durante las primeras horas terminaría por censurar páginas como Tumblr, Twitter o Flickr. Esas tres páginas albergan contenidos para adultos y, sin embargo, también son herramientas de comunicación y libre expresión usadas con otros fines. ¿Qué haría en esos casos nuestro Comité Censor de Internet?

Ya casi en la nota curiosa del Proyecto, se cita sin pudor a China (dos veces), Arabia Saudita, Cuba o Irán como países que han implementado con éxito este tipo de esquemas de censura (¡!). Sin lugar a dudas, todos estos son casos de democracias sólidas y paraísos de la libre expresión. También se refieren incorrectamente casos como los de Chile, donde lo único que la ley obliga es a que los proveedores de acceso oferten esos servicios adicionales mas no que los apliquen indiscriminadamente, y Reino Unido o Australia donde no hay sistemas nacionales de filtrado a la fecha o están limitados a contenidos como pornografía infantil.

Creo que el problema de los menores accediendo a Internet, como tantos problemas del uso de tecnologías, no tiene una solución fácil. Una solución más moderada sería que, por ejemplo, el Estado invite a los proveedores de servicios de Internet a buscar mejores formas de vender y promocionar sus filtros parentales. Obligarlos a que lo hagan gratuitamente sería otra solución complicada porque el costo de su implementación se vería reflejado en los precios que pagamos el resto de usuarios. Sin embargo, sí podrían trabajarse en campañas de comunicación desde OSIPTEL o el MTC que informen a la población sobre dichos servicios. Los operadores podrían ofrecer planes móviles especiales para menores de edad, de la misma manera en que se ofrecen en otros países. Existen muchas formas de atacar este problema que no pasan por restingir las libertades del grueso de los usuarios. Espero que los Congresistas puedan ver este problema en su real contexto y darse cuenta que no pueden matar una mosca con una ametralladora.

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