Continuando con nuestro recorrido por diversas realidades de la industria cinematográfica de la región, esta vez le toca el turno de Brasil, Chile y Colombia. Como veremos, las ayudas públicas siguen siendo la regla.
Brasil
En Brasil se crea en el año 2001 la Agencia Nacional de Cine (Agência Nacional do Cinema – Ancine), órgano encargado de fomentar y regular las industrias audiovisuales del gigante latinoamericano. Está dotado de autonomía financiera y funciona casi como un organismo regulador independiente. Inicialmente se encontraba bajo la supervisión de la Casa Civil de la Presidencia, pero en octubre de 2003 su competencia fue transferida al Ministerio de Cultura.
La Agencia financia sus actividades con recursos directos e indirectos. Entre los primeros los recursos presupuestarios con base de la Ley de Adquisiciones. Los segundos se generan a partir de la autorización y supervisión de proyectos con fondos provenientes de una serie de beneficios tributarios. Por ejemplo, la conocida como Ley Rouanet permite que los contribuyentes reduzcan del Impuesto a la Renta el patrocinio o donación de fondos para proyectos culturales.
Por otro lado, la Ley del Audiovisual establece dos mecanismos de incentivos fiscales. A través de certificados de inversión que permite aplicar el 100 por ciento de los recursos invertidos en la compra de proyectos para la distribución, la exhibición e infraestructura; así como, que las empresas que operan en el mercado brasileño puedan deducir el 70 por ciento del Impuesto a la Renta por las inversiones realizadas en proyectos de producción brasileños.
Además, se ha creado otros cuatro incentivos fiscales para beneficiar a la industria: (i) la exención de la contribución al desarrollo de la industria cinematográfica nacional (Condecine), un impuesto sobre los ingresos derivados de la explotación comercial de la actividad audiovisual por desarrolladores extranjeros en caso inviertan en la producción de obras de producción independiente local; (ii) una subvención financia la industria cinematográfica nacional (Funcines), los recursos se aplican, con la aprobación de Ancine en proyectos de obras nacionales independientes, la construcción y renovación de salas y la adquisición de empresas en el sector; (iii) Programa de Apoyo al Desarrollo Nacional de Cine (Prodecine), con recursos de Condecine para la ejecución de proyectos independientes; (iv) A través de la Ley N º 10.179/01 se permite la conversión de la deuda pública en la producción, distribución, exhibición y difusión de las obras audiovisuales brasileñas.
Prácticamente todo el mercado cinematográfico está en manos del gobierno. Productoras de todos los tamaños salen en busca de un guión y lo envían al gobierno para su financiación, en un sistema que protege a los inversores privados de las pérdidas derivadas de un posible fracaso en las taquillas. Eso hace que Brasil tenga un modelo cinematográfico al capricho de los directores que no garantiza la rentabilidad y la explotación de todos los canales existentes.
Chile
El fomento al cine cine chileno se remonta a 1941 cuando la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) creó la empresa estatal Chile Films. En el año 1967 se introdujeron una serie de incentivos tributarios en la Ley de presupuesto para el desarrollo del cine local. Este proceso se interrumpe con el golpe de Estado de 1973. A partir de entonces Chile Films reduce su actividad para luego privatizarse.
En 2004 la La Ley 19.981 creó el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA) y el Fondo de Fomento Audiovisual dependientes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Ello permitiría la utilización de fondos estatales para la creación, difusión, protección y preservación de obras audiovisuales.
Desde el mes de septiembre de 2005, se implementó el Fondo de Fomento Audiovisual con un presupuesto inicial de poco menos de dos millones de dólares para la creación y producción de obras audiovisuales, formación profesional, investigación y capacitación y difusión y exhibición de obras audiovisuales, y asignaciones directas focalizadas en festivales de interés nacional y la restauración patrimonial. En el 2005, el Consejo implementó una línea financiera para subsidiar a las salas de cine que exhiban producciones chilenas exclusivamente, por un monto de mas de 200 mil dólares cifra que se incrementa a más de 600 mil en el 2013.
El año 1999 la suma de los diferentes instrumentos públicos creados para el apoyo al audiovisual chileno aportaron una cifra cercana al millón de dólares. En 2007 ese monto se había multiplicado por diez.
No obstante, las ayudas públicas no ha significado necesariamente una mayor audiencia por parte del público local. En el año 2012, un observador (La falta de público en Chile para el cine chileno) apuntaba que la falta de público había generado que los directores locales comenzaran a hacer películas para los festivales de cine, aumentando la brecha con el consumidor local. Un análisis que también se ha hecho por estos lares.
Colombia
En Colombia el Estado antes de comenzar fomentando al cine lo gravó. En 1918, el Concejo de Bogotá impuso una tasa del 10 por ciento del valor de la boleta de entrada a las salas de cine para el Fondo de Pobres. En los años siguientes se crearon nuevos impuestos al cine en otras ciudades. Los ingresos tuvieron diferentes usos como por ejemplo, financiar el emprésito patriótico por gastos de guerra o el fomento al deporte.
En 1929 llegó el cine sonoro a Colombia. A finales de la década del 30 se creó la Oficina de Cine de la Sección de Cultura Popular del Ministerio de Educación. La primera Ley de fomento del cine se aprueba en 1942. Esta Ley aplica una serie de exenciones a los exhibidores por la exhibición de cortos y largometrajes nacionales sobre el 10 por ciento de impuestos al boleto y la cuota de pantalla. Sin embargo la Ley se reglamenta recién a principios de los años 70, con el decreto 871, conocido como Ley del Sobreprecio a las entradas a las salas de cine. Los recursos obtenidos por este medio, fueron empleados para la realización de cortometrajes locales.
En 1978 se aprueba el Decreto 1244 a través del cual se autoriza al Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), a la Corporación Financiera Popular y a la Compañía de Informaciones Audiovisuales, a participar en la constitución de la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine). Su objetivo era la ejecución de políticas que tuvieran incidencia sobre la industria cinematográfica, y la recaudación, administración e inversión de los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico. En 10 años se realizaran, con apoyo estatal, 29 largometrajes. Sin embargo, los resultados económicos no fueron buenos. En 1993 se liquidó Focine.
En el 2003 se aprueba la Ley 814, Ley del Cine. La Ley crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) cuya administración está a cargo de Proimágenes Colombia. El Fondo se nutre de una tasa pagada por los exhibidores, distribuidores y productores por la exhibición de obras cinematográficas en el territorio nacional. Adicionalmente, impone a los exhibidores una contribución del 8,5 por ciento de los ingresos de películas extranjeras mientras que los distribuidores pagarán el 7,5 por ciento . Los productores de películas colombianas deberán descontar un 5 por ciento de sus ingresos por taquilla. Asimismo, se establece para inversiones y donantes de proyectos cinematográficos una disminución del impuesto a la renta del 125% del valor invertido o donado. Finalmente, el productor puede titulizar los proyectos cinematográficos en el mercado de valores para que pueda ser transado como activo financiero. Las utilidades que se obtengan en taquilla y otras ventanas de exhibición serán distribuidas proporcionalmente entre los accionistas.
Para el año 2014 se han aprobado unos 9 millones de dólares para el fomento del cine local.
En la imagen: Tropa de élite 2 (2010) de José Padilha.