¿Hizo bien Ciudad de México al regular a Uber?

La semana pasada el gobierno de la Ciudad de México se convirtió en el primero en aprobar un marco regulatorio específico para aplicaciones como Uber en América Latina. Luego de una intensa protesta por parte de los taxistas formalmente registrados, el Gobierno no ha prohibido el servicio pero sí ha establecido reglas especiales para su operación. La nueva regulación establece un pago del 1,5% por cada viaje al gobierno, permisos anuales para los conductores y reglas sobre las condiciones de los automóviles. Yo creo que esta es una mala noticia por partida doble para los usuarios de estos servicios en Ciudad de México.

Bajo el nuevo marco, empresas como Cabify o Uber tendrán que pagar de entrada 300 dólares para tener derecho a empezar a operar en la ciudad. Además, cada uno de los conductores asociados al servicio tendrán que registrarse y pagar 100 dólares a la autoridad municipal antes de empezar a ofrecer el servicio y sus vehículos no podrán costar menos de 12 mil dólares, así como contar obligatoriamente con aire acondicionado y bolsas de aire. Finalmente, el 1.5% del costo de cada viaje que se realice tendrá que ser aportado obligatoriamente a un nuevo Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. El Acuerdo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no descarta la posibilidad de que este régimen se amplíe con el tiempo.

Aunque a regañadientes, Uber y Cabify se han allanado a la decisión del Gobierno de la Ciudad de México. Inadvertidamente, la Ciudad de México ha cometido un error de libro de texto sobre regulación y competencia y ha terminado haciéndole un gran favor a estas empresas. El efecto directo de las nuevas reglas va a ser subir las barreras de acceso al mercado para futuras empresas nacionales o extranjeras que pretendan prestar estos servicios en competencia con las existentes. Empresas ya constituidas y con fondos económicos suficientes como Uber no tienen ningún problema en asumir los miles de dólares que directa o indirectamente le costará cumplir con este marco legal. Sin embargo, las empresas entrantes al mercado van a tener que pagar los mismos costos y ello necesariamente afectará su viabilidad para convertirse en una competencia seria. Si no tienen los fondos económicos para hacerlo, tendrán que sacrificar gastos fijos como planilla o aumentar sus tarifas. Como consecuencia, los consumidores de dichos servicios en Ciudad de México verán la oferta disponible de servicios reducida y a largo plazo eso puede significar también una reducción en la calidad de los mismos.

La segunda consecuencia perjudicial para los consumidores de estos servicios es la pérdida de capacidad de innovación. Al haber sido reducido a un régimen equivalente al de un taxi, empresas como Uber ya no va a poder experimentar distintos servicios o modelos de negocio hacia otros mercados aprovechando su capacidad instalada. En ciudades como San Francisco o París, los autos de Uber también ofrecen el servicio de transporte “colectivo” en el que un auto acepta más de un pasajero si es que van en la misma dirección. Mientras que en otras ciudades como New York o Santa Mónica ofrecen el servicio de entrega de correspondencia o de productos de supermercado. La posibilidad de expandir la oferta de servicios de Uber o empresas similares hacia estos rubros podría verse limitada por los costos fijos regulatorio de la medida o porque la regulación en sí misma les prohibe que hagan algo distinto a transportar pasajeros.

En nuestro país ha trascendido que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal de INDECOPI, en un arrebato inexplicable de puritanismo, está explorando la posibilidad de denunciar de oficio a Uber por competencia desleal al operar sin permisos especiales el servicio de Taxi. Al respecto, recomiendo la nota de Agustín Valencia-Dongo sobre la pertinencia de la intervención. ■