La semana pasada la Asociación Civil Transparencia presentó los 10 criterios para el debate político en redes sociales en colaboración con un grupo de trabajo del cual formo parte en representación de Hiperderecho. El documento busca iniciar una conversación exploratoria sobre cuál debe de ser el estándar exigible para el uso de las redes sociales por parte de políticos, funcionarios públicos y entidades. Hemos empezado con las redes sociales pero la idea es promover una reflexión más amplia sobre las posibilidades del uso de la tecnología desde el Estado para la promoción de la participación política y ciudadana en asuntos públicos.
¿No resulta superficial preocuparse por lo que diga o no diga una autoridad o una institución en una red social? Si menos de la mitad del país usa Internet y asumimos que solo una pequeña fracción de estos usan una red social para interactuar con un político, pareciera que existen cosas mucho más importantes a las que colectivamente deberíamos de prestarle atención. Creo que crítica es válida y su respuesta tiene varias partes. La primera es que las redes sociales van camino a convertirse en un espacio de interacción política para más y más personas. Por el rol que juegan hoy en la agenda política y por lo que serán en el futuro, es necesario promover una actitud positiva hacia ellas por parte de las autoridades. Es muy posible que los futuros líderes políticos de nuestro país en los próximos diez o quince años sean hoy niños o jóvenes usuarios de redes sociales y estén en peligro de crecer de cara a la conversación política en Internet como un concierto de insultos.
Pero también porque permitir el uso antojadizo de las redes sociales o la pérdida de su potencial por parte de las autoridades es avalar una actitud profundamente perniciosa en la relación entre el Estado y la tecnología. En una primera etapa, nos interesaba simplemente que el Estado adopte la tecnología y confiábamos en que la sola presencia de los sistemas informáticos o las redes sociales iban a bastar para mejorar al Estado. Por entonces, teníamos muchas esperanzas sobre iniciativas como el Plan Huascarán o veíamos con profunda envidia al ministro noruego que usaba ocho monitores para trabajar. Como la experiencia nos ha demostrado, el Estado y las autoridades están dispuestos a adoptar rápidamente la tecnología siempre que ésta le sirva a sus propósitos más directos. Lamentablemente, a menudo estos se limitan a la publicidad o la vigilancia. Por eso, al momento de evaluar cómo la incorporación de la tecnología en el Estado está generando cambios apreciamos una gran cantidad de potencialidad perdida. El abaratamiento de los recursos de infraestructura necesarios para poner a trabajar al Estado no ha hecho mella en la tasa de adopción y desarrollo de nuevas herramientas y servicios de gobierno electrónico. De la misma manera, el que casi todas las entidades públicas centrales y autoridades tengan una cuenta en una red social y tengan miles de seguidores tampoco ha significado en sí mismo un salto hacia la participación ciudad directa y el gobierno abierto.
Como ya lo adelantaba en mi artículo anterior, es necesario pasar a una etapa más activa donde no solo exigimos que se cuenten con cierta tecnología sino que también se use de forma coherente con los derechos humanos y la participación cívica. En este contexto, empezar hablando de cómo las redes sociales pueden ser un espacio desde el cual puede sembrarse la semilla de un cambio más profundo de cara a tener una participación pública en la vida política de mayor calidad me parece una buena idea. Es una buena idea que es necesario desarrollar, conversar y trabajar como comunidad. Resulta peligrosísimo dejar que se asiente en el Estado la idea de la tecnología como un espacio salvaje al que es necesario domesticar y controlar. Solo las autoridades que han entendido y comprendido el valor de la tecnología serán las capaces de oponerse cuando se intente restringir los derechos humanos en Internet o se intente regular desde el pánico hacia el progreso tecnológico. Las discusiones que tendremos en el futuro como estado necesitan den este tipo de autoridades. Los 10 criterios son una forma de empezar una conversación sobre cómo podemos llegar a ese objetivo.
Enlace: http://www.10criterios.pe
Sobre el tema
- Marco Sifuentes: Los políticos y las redes
- Eduardo Villanueva: Medios y no redes: apostillas a una columna
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