A hombros de gigantes

En febrero de 1839, unos cazadores de esclavos portugueses secuestraron a un grupo de africanos en Sierra Leona y los enviaron, para su comercio infame, al puerto español de La Habana. Cincuenta y tres de estos africanos fueron comprados por dos hacendados locales y embarcados en La Amistad rumbo a una plantación del Caribe. Durante el viaje, el 1 de julio de 1839, los esclavos se amotinaron, mataron al capitán y ordenaron a la tripulación restante que enrumbara al África. El 24 de agosto de 1839, La Amistad fue abordada cerca de la ciudad de Nueva York por un buque de la Armada de los Estados Unidos. Los hacendados fueron liberados y los africanos encarcelados en New Haven. Luego de un proceso judicial, en el que tomaron parte grupos abolicionistas, el Gobierno de España y el armador de la goleta, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el derecho de los acusados de luchar para recuperar su libertad. Existe una película del motín y del proceso judicial (Amistad de Steven Spielberg, 1997).

Qué tiene que ver este hecho con nosotros y con nuestra revelada intención de escribir sobre derecho y nuevas tecnologías. Como siempre, depende por que lado se mire el cristal.

Google acaba de habilitar con su Google Scholar una herramienta, que según declaración propia, pone al alcance de todos el texto completo de los dictámenes del Gobierno Federal, de los Estados y Distritos, de los Tribunales de Apelaciones y de la Corte Suprema los Estados Unidos.

De esta forma si se quiere acceder al pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Amistad (40 U.S. 518 (1941)) basta con Google Scholar, siempre que se active la opción «Legal opinions and journals«. Al hacerlo veremos no sólo la sentencia requerida sino también, al estar integrada esta herramienta con el Google Books los textos donde estos fallos están citados. Aunque, algunos revelan que han tenido problemas para encontrar material proveniente de los juzgados estatales y de las cortes de apelación.

Hice una búsqueda de algunos casos emblemáticos: Marbury v. Madison (5 US 137 (1803)), Scopes v. State (154 Tenn. 105, 289 SW 363 (1927) no lo encontré aunque está bastante citado, Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 US 417 (1984)) y Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd. (545 US 913 (2005)).

La divulgación de las opiniones, fallos y sentencias tanto de los tribunales de la justicia ordinaria como de los órganos de la administración pública genera una serie de beneficios innegables. Si muchas personas tienen acceso a las sentencias el margen para la corrupción aberrante se reduce de forma importante. Se cree que el posible escrutinio público de estos fallos y sentencias genera una especie de pudor en los funcionarios encargados que los hace fallar dentro de determinados cauces. Una especie de control panóptico. Por otro lado, se genera también una importante reducción de costos. Si los ciudadanos supieran cual es la tendencia judicial frente a determinado hecho litigioso, no presentarían demandas cuando ésta no les favorece. A menos procesos judiciales, mayor paz social y menor presupuesto judicial.

Sin embargo, la incorporación dentro del Google Scholar de búsquedas legales abrirá nuevas discusiones. Uno de los campos que insume gran cantidad de información en su proceso productivo es el ejercicio de la profesión legal, donde participan una serie de empresas destinadas a cubrir esta necesidad. Las más conocidas Lexis Nexis y Westlaw. Ya veremos si el modelo de acceso gratuito de Google termina por afectarlas.

Para efectos prácticos, gracias a Google Scholar, será aún más fácil encontrar jurisprudencia del Estado de Tennessee que de la Corte Suprema del Perú. Ya hicimos en su oportunidad un comentario sobre el particular (Acceso a fuentes legales y el modelo Google).

La Responsabilidad Extracontractual de Fernando de Trazegnies disponible en línea

La Pontificia Universidad Católica del Perú ha iniciado la digitalización de algunos de los títulos más populares de su catálogo desde hace varios meses, en una excelente iniciativa por poner a disposición del público importantes documentos para entender y ejercer el Derecho en nuestro país. Así, esta semana se han puesto en línea las versiones íntegras de los dos tomos de La Responsabilidad Extracontractual de Fernando de Trazegnies, uno de los mejores libros de derecho que se han escrito en el Perú.

Publicado por primera vez en 1988, el libro no es solo un estudio minucioso de los alcances del capítulo sobre Responsabilidad Civil del Código Civil Peruano de 1984 sino también un ensayo exhaustivamente documentado y exquisitamente escrito sobre la materia. De Trazegnies, autor del proyecto del capítulo correspondiente, nos ofrece su visión de cómo deben de leerse dichos artículos según las modificaciones que fueron introducidas a los mismos por la Comisión Revisora. En él se lee su esfuerzo por hacer coherente con las tendencias contemporáneas la forma en la que se aplique el capítulo, donde lo más importante sea lograr la efectiva reparación de la víctima de un daño y donde los costos de repararlo puedan difundirse socialemente de manera eficiente.

La obra, agotada desde hace varios años en todas las librerías, desde esta semana se encuentra disponible (link) para su lectura y descarga con fines académicos en virtud de un convenio entre el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Sistema de Bibliotecas de la misma casa de estudios. Entre otras obras digitalizadas en el marco de este proyecto se encuentran el Estudio de la Constitución Política de 1993 de Marcial Rubio y el libro La familia en el Derecho Peruano: Homenaje a Héctor Cornejo Chávez.

Hechos como este muestran la forma cómo en la actualidad el que una obra esté protegida por derechos de autor no necesariamente implica que su lectura y descarga esté restringida a quien pague por ella. En este caso, es la propia universidad quien asume los costos de obtener los permisos de los titulares de los derechos de autor con la finalidad de hacer el texto accesible para todos. Finalmente, la digitalización de este libro es también un justo homenaje al pensamiento contemporáneo del doctor De Trazegnies, a quien miles tendrán desde ahora el placer de leer en forma totalmente legal. Tomándome la libertad de remezclarlo, diría que aquí el Fondo Editorial ha preferido asumir el riesgo de que ciertas personas dejen de comprar sus libros a la confianza ciega de negarse a cambiar de paradigma.

En consecuencia, debe destacarse, como mérito importante de dicho legislador su actitud intelectualmente abierta pues, si bien ha adherido -y entusiastamente- al credo subjetivista, no se cierra rígidamente en sus convicciones sino que incorpora un principio diferente cuando le parecen que existen argumentos sólidos en la posición contraria. Evidentemente, esta apertura puede tener un precio: la posibilidad de incurrir en contradicciones. Pero el legislador, con una honestidad intelectual que lo honra, ha preferido el riesgo de la contradicción a la seguridad ciega del dogmatismo.

Del Tomo I, p. 170.

No a Keiko: ¿Libertad de empresa o censura?

No a Keiko es un movimiento por Facebook destinado a agrupar a las personas en contra de la postulación de Keiko Fujimori a las próximas elecciones presidenciales Sus creadores consideran peligroso para la vida democráctica del país que Keiko Fujimori salga elegida presidente el 2011 y que su discurso se base en la reivindicación de un genocida. Entre el 16 y el 25 de noviembre, sin embargo, la página fue bloqueada por Facebook, impidiéndole a sus administradores actualizarla. Si bien no se la retiró del todo, se podían dejar comentarios y aún albergaba el íntegro de su contenido, al impedirles actualizarla generó rápidamente una polémica en Internet. De acuerdo con Facebook, la página infringía las Términos del Servicio de la red social y que sus políticas le permitían retirar o bloquear la actividad en cualquier página que albergue contenidos que otras personas puedan encontrar fastidiosas o abusivas. ¿Se trata de una censura?

Declaración de derechos y responsabilidades de Facebook

Sección 3. Seguridad.
Hacemos todo lo posible para hacer que Facebook sea un sitio seguro, pero no podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para lograrlo, lo que implica los siguientes compromisos:
7. No publicarás contenido que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico o que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada.

Sección 5. Protección de los derechos de otras personas
Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo.
1. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o viole los derechos de otros o que viole la ley de algún modo.
2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Facebook si consideramos que viola esta Declaración.

Sección 12. Disposiciones especiales aplicables a páginas.
1. Las páginas son perfiles especiales que se pueden utilizar exclusivamente para promocionar un negocio, u otras organizaciones o trabajos comerciales, políticos o benéficos (como organizaciones sin ánimo de lucro, campañas políticas y personajes famosos).

Este problema vuelve a poner en discusión los límites entre la libertad de empresa y la libertad de expresión. De un lado, los administradores de la página No a Keiko y los seguidores de la misma tienen derecho a estar en contra de a candidatura de Keiko y a intercambiar mensajes, fotos o artículos al respecto con la absoluta libertad que la Constitución les garantiza. Del otro lado, Facebook como cualquier otra empresa tiene derecho a definir sus políticas de negocio como mejor le parezca dentro de los límites de la ley y, en virtud de ello, retirar cualquier contenido que discrecionalmente consideren ofensivo o contrario a sus intereses. Si su interés es seguir atrayendo la mayor cantidad de usuarios, es lógico que tengan como política general el retiro discrecional de cualquier contenido que resulte potencialmente ofensivo. Sus usuarios, en su oportunidad, al inscribirse en su servicio de red social aceptaron sujetarse a los Términos y Condiciones del Servicio.

Ello no significa que la libertad de empresa siempre sea preferida sobre las libertades de expresión e información, ni viceversa. En muchas legislaciones, los canales de televisión, por ejemplo, están sujetos a ciertas reglas como cuotas de pantalla, restricciones sobre la nacionalidad de sus dueños, franjas de contenido obligatorio, deberes de veracidad, de prestación de servicios a la comunidad, etcétera. Se entiende que en tanto los canales de televisión explotan comercialmente un recurso natural (el espectro radioeléctrico) su actividad debe ejercerse en armonía con el interés general. Esta idea, sin embargo, les cae como bomba a los dueños de los canales quienes constantemente oponen su derecho irrestricto para definir su actividad comercial como mejor le parezca. Ese fue el caso de la discutida Franja Electoral –espacio electoral gratuito brindando a todos los candidatos presidenciales en todos los medios–, que finalmente vino de la mano con un descuento en el pago de canon por uso de espectro radioeléctrico a los canales y hasta un pago directo de la ONPE (ver Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente No. N.º 0003-2006-PI/TC).

Si el debate no está cerrado en el caso de canales de televisión, que explotan un recurso natural de dominio eminente del Estado, en el caso de una red social como Facebook el imponer obligaciones del tipo de las que subyacen a esta queja parece más difícil de sostener. ¿Resulta razonable que una red social, que no la única en el mercado, esté obligada a tolerar todo tipo de conductas y/o actividades si incluso algunas de ellas ofenden a sus usuarios? ¿Qué pasa si simplemente están en contra de sus tendencias políticas? En este caso, no queda claro si el contenido realmente era ofensivo. La misma Keiko Fujimori es usuaria del servicio, ¿la página la ofendía? ¿Se podría exigir un debido procedimiento para el takedown de contenidos? De la forma en la que está redactada la cláusula aplicable, todo hace pensar que es bastante discrecional el juicio de Facebook y que no hay recurso que valga. Finalmente, no hay una censura solo una negativa de prestación del servicio fundada en una cláusula de las Condiciones del mismo. Si no nos gusta, ahí está la competencia. Nos vemos en el democrático Cholotube.

Actualización (04/01/10): Los administradores de la página No a Keiko han publicado el día de hoy un comunicado en el que informan del cierre definitivo de la misma por parte de Facebook. Curiosamente, el cierre se produce en los días siguientes a hacerse pública la Sentecia de la Corte Suprema que confirma la condena de veinticinco años de prisión a Alberto Fujimori Fujimori.

Los hombres que no amaban a la prensa

—Creo que te equivocas. No se trata de un loco asesino en serie que haya enloquecido de tanto leer la Biblia. Simplemente es uno más de esos cabrones que siempre han odiado a las mujeres. (Lisbeth Salander)

A principios del siglo pasado los diarios reinaban plácidamente en todo el orbe, engendraban guerras, cambiaban presidentes y tumbaban gabinetes. A falta de alguien que les hiciera competencia su influencia era imbatible. Esta primacía se mantuvo sin reto hasta que la radio empezó a transmitir noticias. Lo hizo la KDKA de Pittsburgh el 2 de noviembre de 1920. Y así comenzó la guerra entre la prensa, como se autotitulaban los diarios por aquél entonces, y los medios de comunicación electrónicos.

Como todo enfrentamiento, éste terminó con un pacto, un armisticio, un convenio, el llamado «Acuerdo de Baltimore» nombre del hotel de la ciudad de Nueva York donde en 1933 los patrones de radios y diarios estipularon que las emisoras de radio sólo transmitirían dos boletines de noticias al día de dos minutos cada uno. Durante estas raquíticas transmisiones podían hacer referencia a ningún hecho ocurrido dentro de las pasadas veinticuatro horas y debían terminar con la frase «Para más información, consulte su diario local«. Como era de esperar el acuerdo duró lo que los efectos del bourbon que los patrones tomaron ese día.

Agua ha corrido bajo el puente y hoy más que nunca Internet parece ser la amenaza más importante para los diarios escritos (Muere la prensa). No es la crisis económica, ni la competencia de diferentes y múltiples fuentes de información la supuesta causa de los males que aquejan a la prensa. Para algunos son los agregadores de noticias que odian a los diarios (Y el culpable es… !Google¡).

Philiph Meyer (The Vahishing Newspaper) señaló hace unos cinco años que las ventas de los diarios disminuían desde 1995 a un ritmo de 5 por ciento al año en los Estados Unidos y 3 por ciento en Europa. A este ritmo, advierte, en abril de 2040 se dejará de publicar el último diario. Es curioso pero muchas de las predicciones que se hicieron por aquella época han sucedido, para ello basta con echar un vistazo al documental Epic 2014.

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La prensa escrita como la conocimos no tiene ningún futuro y no es por culpa de los buscadores o agregadores de noticias, sino por la multitud de canales alternativos que tienen los internautas (cada vez más numerosos) para recabar información. Internet es reconocido por los consumidores no por las partes que lo conforman sino como un todo. De hecho la mayoría de las veces cuando se obtiene información de Internet se ignora cuál es la página fuente o se olvida rápidamente.

El hecho es gratuito, es consustancial e indesligable al paso del tiempo, viene de yapa con la cosecha y las estaciones. Los diarios recogen de esta montaña de hechos alguno relevante y lo convierten en información, noticia que sólo a partir de este momento tendrá valor económico. Pero este bien, apenas se publica o promociona se devalúa instantáneamente y se transforma en un bien público, no vale nada en términos económicos pues no es escaso, se reproduce en cientos, miles de sitios, a vista de todos por todas partes. Lo costoso en este proceso, no es publicar el hecho noticioso sino dominar la búsqueda de los hechos, informaciones u opiniones. Así los buscadores y agregadores se sitúan en la pirámide de la jerarquía de Internet, relegando a la prensa a la base junto con blogs, páginas personales, institucionales, sitios porno y toda una fauna de contenidos.

Dado el estado de las cosas algunos piensan que pueden domar a Internet y encauzarlo por caminos más civilizados. Para hacerlo no dudan en demandar o exigir más derechos de propiedad, sin embargo, hay quienes piensan que podrían solucionar estos inconvenientes con un poco de gasolina.

¿Es Internet un peligro para la democracia?

Los siguientes dos años en el Perú serán años electorales. Pocos periodos como el actual han estado tan marcados por el juego de estrategias políticas de uno y otro lado con tanta anticipación a los comicios. A diferencia de otras campañas, la competencia esta vez también estará en Internet. La presencia de candidatos y sus campañas en Internet impacta directamente: (i) en los votantes que cuentan con un medio de expresión (blogs, foros, comentarios, Facebook) a través de los cuales pueden manifestar sus opiniones e intercambiarlas a un costo relativamente bajo; y, (ii) en los votantes que utilizan la red como fuente de información y acceden tanto a medios de noticias como a los blogs y medios producidos por los votantes del primer grupo.

A diferencia de lo que sucedía en nuestro pequeño mundo analógico, la red nos ofrece infinitas posibilidades de intercambio de información. No cabe duda de que tener acceso a miles de foros, listas de interés, blogs y periódicos independientes resulta un elemento valioso para las bases de un diálogo democrático. El que existan distintas alternativas de acceso a la información implica, naturalmente, que los consumidores demandarán aquella que valoren más en función de sus intereses. La arquitectura de la red potencia esta soberanía del consumidor, permitiendo que uno pueda tener total poder de decisión sobre los temas respecto de los cuales quiere y no quiere informarse. La idea del periódico personalizado, como el servicio Google News, logra que uno pueda leer solo lo que nos interesa. En el escenario analógico, un universo de personas que antes accedían a un número relativamente bajo de fuentes informativas estaban expuestas a leer noticias que no le interesaban en absoluto o que no sabía que podían interesarle. Ahora, se produce una distorsión interesante: si una persona solo está interesada en un conjunto de temas afines, tiene la capacidad de elegir no verse expuesta a una serie de otros temas.

Sin embargo, ¿la posibilidad de que una persona esté en la capacidad de evadir informarse de los temas que, en principio, parecen no interesarle directamente es un peligro? ¿Acaso esta potestad no está comprendida dentro de la libertad de información reconocida en la Constitución? Cass R. Sunstein, profesor de la Universidad de Harvard y actual director de la Office of Information and Regulatory Affairs de la Casa Blanca nos dice que, efectivamente, esta libertad pone en riesgo las nociones sobre las que se construyó la democracia en los países occidentales (Republic 2.0. Princeton: Princeton University Press, 2007). Un sistema de libertad de expresión, para Sunstein, debe de cumplir con dos requisitos distintivos: (i) que las personas estén expuestas a información que no hayan seleccionado previamente; y, (ii) que un importante número de ciudadanos cuente con un rango de experiencias comunes.

Sunstein sostiene que el derecho a la libertad de expresión, en su faceta de libertad de información, importó para el desarrollo de países como Estados Unidos en tanto garantizaba la posibilidad de los ciudadanos de acceder a una agenda de temas de interés social (“la más grande amenaza para la libertad son los ciudadanos inertes”, diría el Juez Brandeis) . El fenómeno actual de la soberanía del consumidor de servicios informativos mina este presupuesto y contiene la posibilidad de generar fragmentación y extremismo. Antes, mientras partidarios de distintos puntos de vista se veían expuestos a opiniones divergentes dada la escasa oferta de medios, las opiniones tendían a converger en ciertos aspectos y la toma de decisiones funcionaba. En el contexto actual, una gran cantidad de personas pueden congregarse alrededor de fuentes con las que compartan puntos de vista, lo que logra polarizar las opiniones y claramente eleva los costos de un acuerdo conjunto entre diferentes puntos de vista.

¿Es importante esta discusión para el Perú? Yo creo que sí, en tanto se lea como una recomendación a no perder de vista los temas de interés nacional y se comprenda la importancia de tener un rango de información común. Sería absurdo proponer que el Estado regule este aspecto obligando a los medios en Internet a dar cobertura a distintos temas, o a los usuarios mismos a acceder obligatoriamente a ellos. El mercado peruano de Internet, aunque ya importante, está en una etapa de desarrollo. Tampoco hay que engañarse pensando que este fenómeno afectaría a la inmensa mayoría de votantes. Este debate es importante para lo que se viene. Quienes tenemos la oportunidad de ejercer nuestros derechos a la libertad de expresión e información a través de Internet tenemos también un deber: el de colaborar en la formación de un debate heterogéneo. Creo que iniciativas como la llamada de atención a los medios sobre la cobertura del friaje, el impacto del Baguazo en Twitter o el debate sobre la compensación por copia privada son un excelente ejemplo de ello.

El primero y el último

En el Perú gustamos decir que en muchas cosas somos los pioneros en América. Que tenemos la universidad decana (San Marcos), el primer observatorio solar (Chakillo), el primer ferrocarril (de Lima al Callao), el aderezo de oro más antiguo (Jiskairumoko), el puerto más remoto (Aspero) o el mural más primitivo (Cerro Ventarrón). Lo cual nos suele llenar de orgullo, como la selección peruana de fútbol no gana nunca nuestra autoestima nacional se nutre de otras proezas.

En esta lista de esfuerzos también está -como no podía ser de otra forma- al diario más antiguo del continente, El Peruano, fundado en 1825. Para no perder la costumbre, discutimos esta honrosa preeminencia con un diario chileno, El Mercurio de Valparaíso, fundado en 1827. Dejemos que los historiadores aclaren este intrascendente tópico. Sin embargo, parece que El Peruano también lucha por ser el último en publicarse en formato de papel tradicional.

Pocos se acuerdan que recién desde 1980 las normas legales se editan en un cuerpo propio. Antes, se desparramaban entre las diferentes secciones y noticias del diario. Así, se podía leer en medio de la ocurrencia de un viaje presidencial a provincias y los resultados del desempeño económico del último trimestre, la nueva Ley de semillas.

El carácter de Diario Oficial posibilitó a El Peruano desarrollar una serie de prácticas explotativas y por ende exigir un mayor precio. Estableció una venta atada, al obligar a adquirir con la separata de Normas Legales con el diario tradicional, convertido generalmente en vocero oficioso del partido en el gobierno. Aplicó una subvención cruzada, al financiar con los ingresos por las ventas del diario otras publicaciones. Finalmente, impuso una discriminación de precios, pues mientras que en provincias es posible adquirir únicamente el Boletín Oficial a un valor de 0,50 centavos de sol en Lima se mantiene el empaquetamiento.

Como parte de esta política, El Peruano intentó evitar que su versión de Internet (gratuita) canibalizara a su edición impresa. Lo logró haciendo que sólo fuera posible consultar en su página web las sumillas de las normas y no su contenido, el cual sólo era accesible en formato PDF después de varios días de publicada la edición impresa.

Este monopolio no fue retado hasta que en el primer trimestre del año 2006, la editorial especializada Gaceta Jurídica decidió digitalizar el cuadernillo Normas Legales y colgarlo en su página web para su distribución gratuita.

Este hecho generó un pequeño incidente entre Editora Perú (holding editorial del Estado peruano y propietario de El Peruano) y Gaceta Jurídica. Aún cuando podíamos simpatizar con la decisión de Gaceta, ésta tenía un serio inconveniente. Si bien la ley peruana de Derechos de Autor reconoce que los textos oficiales no son objeto de protección, el arte, diagramación y logo si están protegidos.

La cosa no pasó a mayores y El Peruano se vio obligado a permitir el acceso sin restricciones a la separata Normas Legales el mismo día de su publicación. Su monopolio sobre la ley parecía roto.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte (no podría decir exactamente desde cuándo) El Peruano ha reemplazado en su página web, para las ediciones recientes, el formato de la separata Normas Legales en PDF por un formato Flash, que no se puede bajar y limita considerablemente su posibilidad de revisión. Es decir, El Peruano trata en alguna medida de evitar que su edición digital se convierta en un sustituto perfecto de su edición impresa.

Es altamente probable que al colgar en formato PDF las Normas Legales del día, los grandes clientes de El Peruano (estudios de abogados, importantes corporaciones y gobierno central) hayan optado por limitar el número de suscripciones y por distribuir internamente la edición digital. Por otro lado, esta nueva política coincide con el hecho que en la web de Gaceta Jurídica ya no aparece la separata de Normas Legales digitalizada sino una transcripción de las normas, con lo que se resiente el nivel de certeza respecto de la edición oficial.

El Peruano rema contracorriente. Desde el 1 de enero de 2007 el diario más antiguo del mundo, el sueco Post Och Inrikes Tidningar (en la imagen) se publica únicamente en Internet. El Post es un diario de anuncios del Gobierno, de empresas y bancarrotas. Lo mismo ocurre con el español Boletín Oficial del Estado, desde el 1 de enero de este año (dimos cuenta de este hecho en La muerte del papel).

Si bien en el Perú los niveles de masificación de Internet no aconsejan todavía tomar una medida de este tipo, bien valdría la pena que nos vayamos preparando, para ello sería esperable cuando menos facilitar el acceso a El Peruano y masificar su contenido. Salvo que se esté pensando en ser el último diario oficial en publicarse en papel.

Un zoco o un gran almacén

Un zoco es un mercado árabe (sucq) donde es posible comprar todo tipo de artesanías y chucherías. En realidad, es la agrupación de varios mercados cada uno especializado en un producto particular. En el mercado de Marrakech, encontramos merodeando a la famosa plaza de Jamaa el Fna, tantos zocos como artesanos existen: de Foundouk Louarzazi, de los joyeros, de los cesteros (o Chouari), de los tintoreros, de los latoneros y del cobre, de los herreros (o Haddadine) o de las babuchas. el zoco de Marrakech es un lugar mágico, aromatizado por las especias del lugar, donde cientos de tiendas se agolpan por las serpenteantes callejuelas de la Medina apenas iluminadas por el sol que se cuela entre las hendiduras del estero.

La antípoda de un zoco es un gran almacén, lugar espacioso, iluminado, grande y aséptico, como un hospital. Este lugar enfrenta regularmente con eficiencia el reto de entregar a los consumidores toda una variedad de productos destinados a cubrir la mayor cantidad de sus necesidades.

Hace una semana escribimos un post dedicado a la crisis de la prensa escrita (Muere la prensa), esta es la segunda entrega sobre el mismo tema.

Hace unos días leía el buen artículo de Paul Starr (The New Republic: Goodbye to the Age of Newspapers, Hello to a New Era of Corruption), para quien un aspecto básico de la democracia dependía del monopolio que sobre la información ejercían los diarios. Gracias a la falta de mecanismos alternativos de información, los diarios podían cobrar tasas muy altas a los anunciantes. Debido a estos ingresos extraordinarios los periódicos podían subvencionar aquellas secciones que son importantes bienes públicos como informes científicos o el periodismo de investigación.

Otra función que cumple la prensa es la de educar a la masa. Atentos a la lectura de las ofertas laborales y las páginas deportivas, los lectores tropiezan con aquellas secciones que describen la corrupción local o la cobertura de un conflicto bélico. Esta atención ocasional crea una ciudadanía informada capaz de controlar los excesos del gobierno o de frenar la corrupción. Por el contrario, la desaparición de la prensa escrita puede traer un aumento de la corrupción o una merma en la cultura política de la nación.

El argumento aunque interesante es cuestionable. Es cierto que muchas veces los diarios han realizado una encomiable labor de educación política y de divulgación respecto de aquella información que de común no hubiera circulado. Sin embargo, también han sido centro de manipulación y corrupción. Sólo dos ejemplos: el famoso magnate Randolph Hearst propietario del The New York Journal, se inventó una guerra (la hispano – americana) sobre la base de noticias falsas y tramposas. Tampoco podemos desdeñar el lamentable papel de la prensa americana durante la Segunda Guerra del Golfo, sosteniendo la tesis de su gobierno como si de un dogma de fe se trataba.

No cabe duda que Internet ha socavado el poder que tenían los diarios sobre la información, pero no creo que limite las capacidades políticas de los ciudadanos. Por el contrario es posible que las potencie. Uno de los mayores inconvenientes del monopolio es que la falta de competencia no sólo eleva los precios, sino que afecta directamente la eficiencia productiva. La información no es una excepción.

No soy bueno para predecir el futuro y problablemente tampoco para diseñar modelos de negocios, pero creo que el diario del tipo sábana plagado de farragosos anuncios -que nadie lee- está condenado a extinguirse. Particularmente, suelo informarme diariamente con algunas secciones de El Comercio (economía y deportes) estoy alejado de las nacionales por salud mental. Para las internacionales busco algún diario en línea -dicen más y mejor- y para las de ciencia y tecnología recurro a un puñado de blogs donde podré encontrar información que jamás aparecerá en un diario.

Como en un zoco o un gran almacén. Internet es como un zoco, para encontrar buena información hay que caminar, saber dónde buscar,es necesario moverse por sus callejuelas y rincones, dudar y regatear hasta encontrar la mejor oferta. Un diario, por el contrario es un gran almacén con secciones más o menos definidas, uno sabe dónde y qué buscar, no es necesaria una gran destreza. Un zoco y un gran almacén pueden ser complementarios, salvo que la prensa pretenda convertirse en un zoco. Si lo hace tiene la batalla perdida.

Muere la prensa

La prensa escrita ha sido uno de los mecanismos para que los ciudadanos ejerciten uno de sus derechos políticos más importantes: el derecho a la información. Si bien desde antiguo existían páginas impresas que se repartían a los ciudadanos, recordemos la llamada Acta diurnapopuli Romani («eventos del día») establecida por Julio César en el año 59 a.C. que consistía en un folio el cual se colocaba en distintos lugares de acceso público del Foro, bajo el cuidado de dos legionarios, tendremos que esperar hasta el siglo XVIII para conocer la aparición de la prensa tal como la conocemos en la actualidad.

El primer periódico diario nace en 1702 en Inglaterra, fue el Daily Courrant (1702). Es en los Estados Unidos donde se desarrolla la idea de la prensa unida al ejercicio de los derechos democráticos. A mediados del siglo XIX ya habían más de 2.300 diarios en dicho territorio. Tal fenómeno asombró a Tocqueville quien señaló que «en los Estados Unidos, apenas existe una aldea que no tenga su periódico», y añadiría «la prensa ejerce un poder inmenso en Norteamérica. Hace circular la vida política en todas las partes de ese vasto territorio. Ella es con sus ojos siempre abiertos la que fuerza a los hombres públicos a comparecer, por turno, ante el tribunal de la opinión».

Podemos definir al diario como a una publicación periódica que presenta una serie de noticias y artículos de opinión esquematizados en diferentes secciones de acuerdo con la naturaleza de la información: política, economía, espectáculos, deportes, etc. Básicamente, los diarios se sostienen financieramente a través de dos fuentes: la venta directa de los ejemplares y en los espacios publicitarios.

En líneas generales la prensa escrita ha funcionado de la misma forma desde que apareció. Sin embargo, el modelo de prensa tal como lo conocemos parece estar cambiando hasta tal punto que podríamos señalar al año 2008 como el punto donde se empezó a materializar esta transformación, pues puede bien considerarse (en lo que sigo a Enrique Dans) como el annus horribilis de la prensa.

La lista de diarios en problemas o simplemente cerrados es enorme: The Chicago Tribune, The Hollywood Reporter, L.A. Daily News, New Haven Register, The New York Sun, The Rocky Mountain News, The San Antonio Express, Seattle Post, Star Tribune, The Ventura Star y The San Francisco Chronicle. De acuerdo a algunos informes, sólo el año pasado se perdieron 15.704 puestos de trabajo en la prensa americana y en lo que va de este año 6,169 más. Incluso existen algunas páginas que recogen el día a día de la crisis en los Estados Unidos (paper cuts) y en España (meipi.org).

¿Cuál es la causa de tanto dolor? Como siempre son varias, las mismas que han venido acentuándose en los últimos tiempos. Una de las principales es la aparición de las tecnologías digitales, pues los ciudadanos recurren cada vez en mayor medida para informarse respecto de la actualidad diaria a Internet. Un informe elaborado por Pew Research Center (Internet Overtakes Newspapers as News Outlet) de diciembre del año pasado destacó que el 40% de los encuestados señalaba a Internet como su principal fuente de noticias, frente al 24% de septiembre de 2007. Por primera vez un mayor número de personas indicaron a Internet como su fuente de noticias frente a la prensa escrita (35%).

El efecto de la pérdida de audiencia es evidente, a un menor número de lectores el medio se vuelve menos interesante para los anunciantes que optan por recurrir a los medios alternativos de información. La otra causa es la crisis económica, la cual afecta por partida doble el mercado publicitario y debilita aún más, si cabe, a la industria de la información tradicional. En el tercer trimestre del año pasado los ingresos publicitarios se redujeron en 18% lo cual significó casi dos mil millones de dólares menos para el trimestre con relación al ejercicio anterior (Surowiecki: News You Can Lose).

En un escenario de gran incertidumbre y fuerte crisis económica, la imagen tradicional de aquel empleado que plácidamente toma su café mientras lee su periódico de la mañana en el café de la esquina de la oficina puede convertirse rápidamente en una estampa del pasado. Si a través de Internet se obtiene la misma información que en la prensa escrita, carecerá ya de sentido recurrir a esta última fuente, dado que Internet es gratuito. La información es un bien público, no lo olvidemos, y su valor no depende de la fuente del cual se obtenga.

Acceso a fuentes legales y el modelo Google

Google aparece en 1999 con un diseño minimalista y con un proceso de búsqueda bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es insertar los criterios de exploración en el cuadro de texto, una vez activada la búsqueda a los pocos segundos aparece el resultado. El pantallazo de resultados es igual rudimentario, en la parte central de la página tenemos los enlaces a las páginas que coinciden con las palabras solicitadas con un breve extracto de su contenido. La lista de aciertos se elabora a partir del algoritmo que emplea Google para priorizar los resultados, aquellos sitios que generan más enlaces son los más importantes. Sencillo y eficiente. Este proceso ha sido resumido en un post anterior (Un poco de sensatez: buscadores pueden reproducir parcialmente una web).

Sin embargo, este proceso que puede ser muy útil cuando se buscan banalidades, información de carácter general o para tener una idea del estado del arte sobre determinada materia, no lo es tanto cuando lo que se pretende alcanzar son resultados mucho más específicos, donde la exactitud del resultado es un tema crítico.

Nos estamos refiriendo específicamente cuando lo que se buscan son fuentes legales. Cuando lo que se pretende encontrar en Internet es una norma, una sentencia o una resolución administrativa el «modelo Google» no suele ser suficiente. Sin embargo, muchas instituciones de la administración pública han abrazado de forma entusiasta el modelo lo que resulta en una importante pérdida de tiempo y de esfuerzo para los usuarios.

En el Perú, la mayoría de los órganos de la administración poseen un portal, en el cual alojan información institucional de acuerdo con lo señalado en la Ley 29091 que establece la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del Estado Peruano y en portales institucionales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 004-2008-PCM. Entre la información que normalmente se publica tenemos a la jurisprudencia tanto administrativa, judicial o constitucional.

Así, podemos citar los casos de los portales de Osiptel, Conasev, Ositrán, Osinergmin, Indecopi, el Tribunal Fiscal o el Tribunal Constitucional, por citar sólo algunos sitios. En todos los casos que hemos podido revisar la tónica es la misma, largos listados de resoluciones sin ningún tipo de valor agregado, lo cual no es necesario si quién realiza la búsqueda es un especialista pero absolutamente indispensable cuando se trata de un lego. Algunas páginas, como el caso del Tribunal Constitucional, tienen un motor de búsqueda, pero repiten lo que he venido a llamar el «modelo Google», es decir una búsqueda textual cuyo resultado suele tener decenas de sentencias que tenemos que leer una por una hasta dar con la que deseábamos encontrar. El criterio para que una sentencia aparezca antes que otra no es otra cosa que ciencia oculta.

¿Qué es lo que está pasando? Mucho me temo que esta falta de diligencia a la hora de diseñar y presentar las fuentes legales se debe a la poca importancia que los diversos órganos de la administración dan al propio portal y les basta con colgar las fuentes en orden cronológico para cumplir con su deber de información y que el ciudadano se las ingenie. Otra posibilidad es que los diversos órganos reservan la administración del portal a profesionales con estudios en sistemas sin la participación de profesionales en servicios de información.

No niego que el «modelo Google» tiene algunas ventajas y que es una herramienta complementaria importante, pero no debe ser la única, es más ni siquiera debiera ser el principal mecanismo de búsqueda. En dicho sentido, los motores de búsqueda de fuentes legales en los distintos portales de la administración debieran contemplar una serie de campos (año de expedición, número, administrados, etc.) enlazados con un clasificador general (tesauro) que nos permita obtener en cada oportunidad los resultados más idóneos y eficientes. Se podría plantear incluso que en el Portal del Estado Peruano se habilitara un motor de búsqueda para rastrear el frondoso bosque de las fuentes legales generadas por el Estado.

Finalmente, una aclaración, nos estamos refiriendo sólo a las fuentes de origen administrativo en la medida que las sentencias del Poder Judicial -en la mayoría de los casos- ni siquiera se cuelgan en la web. Es más fácil conseguir una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que una ejecutoria de la Corte Suprema del Perú. Pero este es un caso casi perdido y materia de otra discusión.

La muerte del papel

El presente año nos trajo un hecho interesante reflejo de los nuevos tiempos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) español dejó de publicarse masivamente en formato de papel y se divulga casi exclusivamente a través de su edición en línea.

Los diarios oficiales aparecen con la imprenta y con el advenimiento del Estado moderno regulador e intrusivo, en este contexto era necesario dotar a los ciudadanos (o súbditos en aquellos tiempos) de un mecanismo que les permitiera conocer las normas legales que en número constantemente incremental se venían sancionando. Así aparecieron los diarios oficiales y así se han distribuido a lo largo de los últimos 350 años.

La obligación de reemplazar a las ediciones impresas y dar validez oficial a la publicación en línea de los distintos voceros oficiales de la Administración Pública nace en España con la Ley 2/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que establece el carácter universal y gratuito del acceso a la edición electrónica del BOE. Para asegurar la autenticidad, integridad e inalterabilidad de su contenido el BOE digital incorpora una firma electrónica avanzada.

¿Qué llevó al Estado Español a tomar esta decisión? Más allá de argumentos del estilo de ponerse a tono con las nuevas tecnologías o dar término a la imprenta heredera de una época en la que predominaban el ladrillo y el mortero -como si los puentes se hicieran hoy con bytes- y alguna otra explicación demagógica de esta naturaleza, el telón de fondo parece ser económico. De acuerdo con El Mundo las suscripciones del BOE impreso no ha parado de caer dramáticamente en los últimos años. De 60.000 abonados en el año 2000 a sólo 13.000 a fines del año pasado.

Sin embargo, la edición en papel no ha desaparecido totalmente, pues se reservan algunos ejemplares para bibliotecas, conservación, custodia y depósito legal. Para que no se perjudiquen aquellos ciudadanos que no cuentan con los medios para acceder al BOE digital tienen la posibilidad de consultarlos en las oficinas de información y atención al ciudadano de la administración, las cuales deben disponer de un terminal que permita realizar búsquedas y consultas del contenido del diario y facilitar las copias impresas del diario que se requieran. Complementariamente, y mientras exista demanda, se editará un DVD con la totalidad de los números del BOE publicados en el año.

Es posible replicar una iniciativa de esta naturaleza en el Perú. Aquí tenemos al Diario Oficial El Peruano, fundado por el Libertador Simón Bolivar en los albores de la república en 1825. Sin embargo, El Peruano no sólo es un boletín de normas, es también un diario en toda regla y cuyo ejemplar se ven obligados a adquirir de forma empaquetada quienes necesitan acceder a las normas legales. Haríamos bien en eliminar este apéndice inútil que sólo sirve como un mecanismo de propaganda del gobierno de turno. Pero este no es el problema para que El Peruano circule en Internet de forma exclusiva.

Los niveles de penetración de Internet en el Perú todavía son incipientes si los comparamos con los del otras latitudes y si bien El Peruano ya se edita digitalmente, existen muchos lugares de la propia administración, entre los cuales destaca el Poder Judicial, que no cuentan todavía con los medios técnicos suficientes y necesarios para abrazar una medida de esta naturaleza. Antes de matar al papel hay que dotar a la Administración y a los ciudadanos de las herramientas sificientes para hacer viable su desaparición.