¿Puede el diseño gráfico cambiar el Derecho?

Existen numerosas razones por las que es necesario un abogado.[1] Además de las razones formales (defensa cautiva), existen razones prácticas por las cuales no cualquiera puede aproximarse a un problema jurídico y elaborar estrategias de respuesta. Algunas veces, incluso para situaciones que no requieren de un abogado, muchas personas recurren a un abogado porque necesitan que alguien más los ayude a navegar el mar de documentos y normales legales que tienen que revisar para tomar una decisión, solicitar un permiso o resolver un problema. En general, esta situación no es exclusiva de los abogados sino que es otra manifestación del sistema de especialización de labores sobre el que se funda nuestra sociedad. Sin embargo, incluso cuando sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer (ej. declarar impuestos, registrar una marca) recurrimos a un abogado porque los documentos en los que están las instrucciones nos resultan difíciles o imposibles de entender.

El formato actual de las leyes es un legado de un mundo muy distinto al que conocemos hoy. La idea de imprimir leyes y hacerlas accesibles surgió en una época en la que los recursos lingüísticos y de impresión eran muy limitados. Con el paso del tiempo, hemos descansado sobre la convención de que las leyes deben de estar escritas formalmente y con el mayor nivel de precisión posible, aunque eso signifique sacrificar su comprensión. Afortunadamente, desde hace algunas décadas ha crecido un movimiento en favor de la claridad y facilidad del lenguaje jurídico consagrado en las leyes. En cambio, aunque hoy nuestras imprentas y métodos de diseños son muy superiores a los que teníamos cien o doscientos años antes, no ha cambiado para nada el formato en el que publicamos nuestras leyes. Nuestros cuerpos legales siguen siendo un texto en prosa ordenado en encabezados y artículos y con una seria propensión a las doble negaciones, la voz pasiva y el punto y coma. Los abogados, acostumbrados a lidiar con este tipo de textos, resultan en mejor posición para poder dilucidarlos que la persona común y corriente.

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#10criterios: ¿Son solo un asunto de imagen?

La semana pasada la Asociación Civil Transparencia presentó los 10 criterios para el debate político en redes sociales en colaboración con un grupo de trabajo del cual formo parte en representación de Hiperderecho. El documento busca iniciar una conversación exploratoria sobre cuál debe de ser el estándar exigible para el uso de las redes sociales por parte de políticos, funcionarios públicos y entidades. Hemos empezado con las redes sociales pero la idea es promover una reflexión más amplia sobre las posibilidades del uso de la tecnología desde el Estado para la promoción de la participación política y ciudadana en asuntos públicos.

¿No resulta superficial preocuparse por lo que diga o no diga una autoridad o una institución en una red social? Si menos de la mitad del país usa Internet y asumimos que solo una pequeña fracción de estos usan una red social para interactuar con un político, pareciera que existen cosas mucho más importantes a las que colectivamente deberíamos de prestarle atención. Creo que crítica es válida y su respuesta tiene varias partes. La primera es que las redes sociales van camino a convertirse en un espacio de interacción política para más y más personas. Por el rol que juegan hoy en la agenda política y por lo que serán en el futuro, es necesario promover una actitud positiva hacia ellas por parte de las autoridades. Es muy posible que los futuros líderes políticos de nuestro país en los próximos diez o quince años sean hoy niños o jóvenes usuarios de redes sociales y estén en peligro de crecer de cara a la conversación política en Internet como un concierto de insultos.

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Twitter, políticamente incorrecto

¿Son malos nuestros políticos porque se faltan el respeto en público? ¿O se insultan mutuamente en Twitter precisamente porque son malos políticos? La reciente escalada de agresiones entre políticos y autoridades puede decirnos tanto de ellos como de nosotros.

En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de la política desde la primera fila. Un grupo de políticos, periodistas y comentaristas locales han participado de forma directa o indirecta de un enfrentamiento verbal que no ha tenido nada que envidiar a un intercambio de gritos entre palomillas ventana. Con independencia de las responsabilidades legales que pudiesen existir (difamación, infracción al código de ética), creo que vale la pena reflexionar sobre por qué suceden estas cosas y si al momento de condenarlas socialmente estamos individualizando a los únicos responsables.

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El 2014 en telecomunicaciones y tecnologías de la información: balance y perspectivas

El 2014 ha sido un año muy activo en materia de regulación de telecomunicaciones, tecnologías de la información y propiedad intelectual. Tanto a nivel del Poder Legislativo como el Ejecutivo dichos temas vienen consolidando su presencia y abriendo debates nacionales de la mayor relevancia reflejando la importancia que estos temas revisten en el plano internacional.

Primero haremos un repaso por lo ocurrido en el terreno internacional y luego lo acontecido a nivel local.

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Educación en el Perú y una meta inalcanzable (II)

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Con esta entrada terminamos la pequeña saga dedicada a la educación peruana. En la primera entrada dedicamos algunas líneas a repasar la actualidad del sector a partir del informe de la consultora Proexpansión (“La educación de calidad en Lima”), los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) y las presentaciones de Jáime Saavedra y Martín Vizcarra en el CADE 2014. En esta oportunidad dedicaremos los siguientes párrafos a comentar la racionalidad de la meta de gasto en educación establecida del Acuerdo Nacional.

La meta del Acuerdo Nacional

En un país presupuestívoro ((Presupuestívoro: «voz que aplicamos a la persona que, sin merecerlo o sin aptitudes, vive del presupuesto». Ricardo Palma, Papeletas Lexicográficas, Lima, Imprenta la Industria, 1903.)) como es el Perú, parece hasta lógico que achaquemos todos los males nacionales a la falta de presupuesto público suficiente, sin que de recibo nos preguntemos si el gasto propuesto es alcanzable, no ya si es plausible o eficiente, simplemente si dada la estructura de los ingresos públicos es posible prodigar el dinero del contribuyente peruano para satisfacer los apetitos de los políticos, que al fin y al cabo son los mentores del Acuerdo Nacional.

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Educación en el Perú y una meta inalcanzable (I)

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Hace unos días leí un interesante documento elaborado por la consultora Proexpansión «La educación de calidad en Lima» sobre la base de los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) que realiza anualmente el Ministerio de Educación. Más allá de los pobres resultados de la ECE, llama la atención el insistente reclamo al Estado para que cumpla con la meta del 6 por ciento del PBI estipulada en el Acuerdo Nacional. A estos dos tópicos dedicaré un par de entradas de este blog.

La evaluación censal ministerial es sólo la data que nutre parte importante del Informe de Proexpansión, la oportunidad para su publicación parece estar en el impacto generado por dos de las exposiciones de la Mesa de Educación del CADE 2014, a cargo del actual Ministro de Educación, Jáime Saavedra, y el todavía en funciones presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra ((Jáime Saavedra y Martín Vizcarra no son dos funcionarios improvisados, cosa rara en gran parte de la administración pública peruana. Saavedra es Doctor en Economía por la Universidad de Columbia y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además se ha desempañado en el Banco Mundial. Fue Director Ejecutivo e Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo Económico (GRADE). También ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico y profesor visitante en la Universidad de Toronto. Vizcarra, por su parte, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un diplomado en Administración Gerencial de ESAN. Entre otros cargos, ha sido miembro del directorio de EGESUR, Director de la Sociedad Nacional de Industrias en Moquegua y Miembro de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC – Moquegua. También ha sido Decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Moquegua.)). Abajo, podrán ver las aplaudidas presentaciones de Saavedra y Vizcarra. Como muestra de lo que interesa en realidad la educación en el Perú -donde casi todos hablamos de todo pero no nos informamos de nada-, el video ha sido visto poco más de 800 veces.

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Dos libros del 2014

En línea con la tradición bibliófila establecida por Antonio, quiero empezar el hábito de comentar y recomendar libros que he leído y me han gustado recientemente. Este año leí varios ensayos sobre tecnología y ciencias sociales, aunque no tanto sobre Internet Policy como me hubiese gustado. Tengo todavía en la lista de pendientes, por ejemplo, el libro de Peter Thiel que ha motivado una pieza muy interesante en el Economist sobre el rol de los monopolios y el derecho de la libre competencia en mercados tecnológicos. De entre lo que sí leí este año, dos títulos han seguido resonando en mi cabeza y en mi trabajo mucho después de haberlos terminado.

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Easy Taxi: taxis fáciles y servicios difíciles

En los últimos días se han reportado distintos casos en los que usuarios del servicio Easy Taxi han experimentado situaciones de aparente peligro o de hostilidad a bordo de vehículos. No es la primera vez que denuncias de este tipo aparecen respecto de esta empresa o empresas similares del rubro. La informalidad, el caos del transporte público y el nulo control hacen que tomar un taxi en Lima sea un deporte de aventura practicado por grandes y chicos. Sin embargo, vale la pena entender cómo los casos que involucran a vehículos solicitados a través de estas aplicaciones tiene algunos matices.

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Variaciones sobre un tema: Datos Perú

La Autoridad de Protección de Datos Personales emitió hace dos semanas sus dos primeras resoluciones de sanción en contra de la web Datos Perú. Los casos han sido muy comentados por ser la primera vez que se impone una multa bajo este nuevo marco legal y también por los detalles mismos del caso, que dejan más preguntas que respuestas.

Como señalé en mi artículo para Hiperderecho, creo que fue una mala decisión de la APDP elegir como primer caso de sanción un caso en el que se discute la publicidad de las normas legales. Hubiese sido menos problemático el analizar qué tan legal o no es que Datos Perú republique íntegramente la base de datos de SUNAT, que es otra de sus actividades y que no fue materia de reclamo. Ese es otro caso discutible pero creo que mucho más complejo y necesario de resolver.

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