Continuando con nuestro recorrido por diversas realidades de la industria cinematográfica de la región, esta vez le toca el turno de Brasil, Chile y Colombia. Como veremos, las ayudas públicas siguen siendo la regla.
Brasil
En Brasil se crea en el año 2001 la Agencia Nacional de Cine (Agência Nacional do Cinema – Ancine), órgano encargado de fomentar y regular las industrias audiovisuales del gigante latinoamericano. Está dotado de autonomía financiera y funciona casi como un organismo regulador independiente. Inicialmente se encontraba bajo la supervisión de la Casa Civil de la Presidencia, pero en octubre de 2003 su competencia fue transferida al Ministerio de Cultura.
La Agencia financia sus actividades con recursos directos e indirectos. Entre los primeros los recursos presupuestarios con base de la Ley de Adquisiciones. Los segundos se generan a partir de la autorización y supervisión de proyectos con fondos provenientes de una serie de beneficios tributarios. Por ejemplo, la conocida como Ley Rouanet permite que los contribuyentes reduzcan del Impuesto a la Renta el patrocinio o donación de fondos para proyectos culturales.
Por otro lado, la Ley del Audiovisual establece dos mecanismos de incentivos fiscales. A través de certificados de inversión que permite aplicar el 100 por ciento de los recursos invertidos en la compra de proyectos para la distribución, la exhibición e infraestructura; así como, que las empresas que operan en el mercado brasileño puedan deducir el 70 por ciento del Impuesto a la Renta por las inversiones realizadas en proyectos de producción brasileños.