Ollanta Humala tiene hasta este martes 22 de octubre para firmar o rechazar el Proyecto de Ley de Delitos Informáticos. Como recordarán, se trata de un proyecto de ley elaborado y aprobado en cuatro horas por el Congreso y, en las propias palabras de un funcionario del Ministerio de Justicia, “totalmente distinto” de lo que la Comisión de Justicia aprobó el año pasado.
En los últimos días, el Ministerio de Justicia se ha dedicado a “defender” el Proyecto de Ley en distintos medios de comunicación. Es una tarea difícil, teniendo en cuenta que el Proyecto que hoy tiene el Presidente representa solo una parte de lo propuesto por el Ministerio de Justicia en julio. Parte de la campaña ha consistido en enviar notas de prensa explicando los beneficios del Proyecto y alertando a la población de los peligros que representaría no aprobarlo.
Lo primero que dicen es que el proyecto solo se limita a seguir la Convención de Budapest sobre el Ciberdelito. Eso es inexacto porque en ninguna parte de la convención de Budapest se habla de grooming, discriminación o agravantes para la interceptación de información pública. Incluso en los casos en los que simplemente se traduce la Convención, se elige pasar por alto algunos detalles. Por ejemplo, la Convención de Budapest permite a los Estados solo criminalizar la alteración de un dato informático cuando se provoque un daño grave (artículo 5). En nuestro caso, el artículo 3 del Proyecto ha elegido no hacer esa precisión. Lo que significa que cualquiera que borre o altere un archivo ajeno puede ir preso.