Banda Ancha para Localidades Aisladas

La Agencia de promoción de la inversión privada (Proinversión) del Perú declaró este 12 de febrero a Telefónica como ganadora del concurso del Proyecto Banda Ancha para las Localidades Aisladas (BAS). Gracias a este Proyecto se dotará de acceso a Internet, telefonía fija y telefonía pública a 3,852 localidades, beneficiando a 1 millón 700 mil pobladores de las áreas rurales. El Proyecto BAS comprende el acceso a Internet de alta velocidad para 1,019 localidades, teléfonos públicos monederos en 3,010 y telefonía de abonado en 497. Además la empresa concesionaria se obliga a ejecutar las labores de difusión, sensibilización y capacitación a la población beneficiada. Las localidades rurales beneficiadas se encuentran en las regiones de Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Lima, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, La Libertad, Ancash, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, Loreto y Cajamarca.

Telefónica logró la concesión gracias a una oferta de US$ 48.8 millones de dólares, monto 13% menor al ofrecido en las bases del proyecto; mientras que Gilat to Home Perú presentó su propuesta económica por US$ 55.3 millones.

La mejor noticia es que las localidades beneficiadas están ubicadas en zonas alejadas y poco favorecidas del país donde sin el financiamiento del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) no llegarán los servicios de telecomunicaciones bajo un formato comercial pues la inaccesibilidad de estas localidades, su baja densidad poblacional, los altos costos y el escaso tráfico que generan no hacen rentable (desde un punto de vista estrictamente económico) la prestación de estos servicios. Una estadística que evidencia la situación en la que se encuentran muchas de estas localidades, es que más de la mitad de las mismas no cuentan con servicio de energía eléctrica.

En el Perú la telefonía rural se solventa con el FITEL, el cual se nutre con los aportes obligatorios que realizan las empresas de telecomunicaciones del país, equivalente al 1% del total anual de sus ingresos brutos facturados y percibidos. Creemos que el sistema de recaudación para financiar el servicio universal es un sistema eficiente, en la medida que compromete a todas las empresas de telecomunicaciones a participar proporcionalmente del esfuerzo de llevar servicios de telecomunicaciones a las poblaciones más alejadas.

Sin embargo, aún cuando debemos alegrarnos con esta noticia, no todo es color de rosa en FITEL. El mecanismo utilizado para acceder a estos fondos es a través de un concurso público que suele administrar Proinversión. Un proceso lento y engorroso, sujeto a las seguridades y nulidades de las leyes de contrataciones con el Estado que por su propia naturaleza no se caracterizan por su celeridad. A estos problemas hay que sumar la tradicional aversión al riesgo que suelen padecer los funcionarios públicos, lo que hace que estos fondos se destinen lentamente a satisfacer las necesidades apremiantes de estas comunidades, es decir donde se necesita cascada tenemos goteo.

La Ley de Telecomunicaciones contempla otro mecanismo para disponer de estos fondos. Así de acuerdo con el artículo 246-A, los concesionarios pueden presentar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones sus proyectos para brindar servicios finales de telecomunicaciones, como telefonía y acceso a Internet rural con cargo a los recursos del FITEL. Lamentablemente, todas las iniciativas presentadas al amparo de este dispositivo, presentadas por las empresas operadoras no han prosperado por las dificultades administrativas impuestas por la Administración para aprobar los Proyectos.

Una las trabas más importantes para que estas inversiones no se ejecutaran fue que al tratarse de fondos públicos, tenían que contar con la aprobación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). Verdadero paso de las Horcas Caudinas para quien intente desarrollar programas de inversión con cargo a las cuentas del Estado. Algunos de los proyectos balotados por el SNIP habían sido bien diseñados y eran verdaderamente interesantes, sin embargo no fueron aprobados. Es fácil saber a partir de esta experiencia por qué los gobiernos regionales y locales se quejan de la dureza del SNIP como freno al desarrollo y a la inversión.

El MTC, chuponeo y secreto de las comunicaciones

La Constitución peruana contempla en el numeral 10 de su artículo 2º, como un derecho fundamental de la persona, el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Pero como quiera que es tan común que este derecho sea vulnerado por periodistas, políticos tramposos, empresas malsanas, servicios de inteligencia… en fin, que han logrado que dudemos razonablemente incluso de su existencia.

Nuestro último escándalo político, conocido como los «petroaudios» o «petrogate», nace de una nueva re-vulneración del secreto de las telecomunicaciones (véase nuestro post Petrogate y privacidad). Lo que nos ha permitido aclarar varias cosas, entre otras, que nuestra administración pública parece plagada de personajes que medran con el dinero de todos los contribuyentes y que existe un negocio, una red de escuchas ilegales que se encarga de obtener información vulnerando derechos constitucionales y vendiéndola al mejor postor.

Para detener a esta mafia, se iniciaron las investigaciones a cargo de la fiscalía y en breve tiempo se obtuvieron resultados importantes. La fiscalía identificó a una empresa, dirigida y plagada por miembros de la Armada peruana (en retiro y en actividad) la cual sería la sindicada de realizar buena parte de estas escuchas ilegales.

Como no podía ser de otra forma y en un hecho de lo más común en el Perú, a un gran escándalo mediático viene la propuesta legislativa, sin análisis, sin discusión y en medio de la turbulencia.

Pocos días después del terremoto que devastó algunas localidades del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó, en medio de las críticas que la opinión pública hacía a las empresas de telefonía por el atasco monumental de sus redes durante y después del sismo, una norma que aprobaba del diseño de la «Red Especial de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia«.

Para no perder la costumbre, el MTC responde el escándalo mediático por las escuchas ilegales con dos proyectos. El primero incorpora nuevas sanciones al Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; y, el segundo, establece medidas destinadas a salvaguardar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales.

Si bien es importante que el MTC intente solucionar este problema, sin embargo creemos que no es el camino. Los dos proyectos no ven donde está la raíz del problema.

Algunas de las personas detenidas acusadas de interceptar ilegalmente las comunicaciones forman, o han formado, parte de los cuerpos de inteligencia de la Armada peruana, en tal sentido nos encontramos ante profesionales con plena capacidad para desarrollar esta actividad, por lo tanto es lógico suponer que por más niveles de seguridad que diseñen las empresas de telecomunicaciones, serán fácilmente vulnerarlas. Si se produjera lo contrario, bien haríamos en disolver a los cuerpos de inteligencia del Estado y mandarlos a su casa.

Este mercado no sólo se ha nutrido con la oferta de información ilegal, también con la pasividad de los diversos estamentos del Estado para perseguir y sancionar la actividad. Si las autoridades hubieran hecho sus deberes, atajando los mecanismos de publicidad que utiliza esta industria, básicamente a través de la prensa, se habría solucionado gran parte de este problema y no tendríamos todos la sensación de desamparo cada vez que hablamos por teléfono.

La muerte de la (larga) distancia

Hace unos años Frances Cairncross escribió su famoso libro “La Muerte de la distancia: Cómo la Revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa” (The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing Our Lives), en dicho trabajo, la autora puntualiza como es que gracias a la revolución de las telecomunicaciones la distancia ya no condicionará la forma de dirigir los negocios y nuestra vida cotidiana. Desde su publicación son muchas las muertes que se han venido produciendo, veremos a continuación una adicional, tal vez la más anunciada de todas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú publicó este 2 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, en cumplimiento de sus normas de transparencia, un proyecto de Resolución Ministerial que plantea implementar desde el mes de enero del año 2009 la denominada Area Virtual Móvil (AVM). Con el AVM se podrá marcar directamente el número de abonado móvil para las llamadas entre teléfonos móviles y teléfonos fijos a móviles ubicados en distintas localidades. De esta forma ya no será necesario discar para las llamadas de larga distancia nacional el prefijo 0 y el código del departamento.

También se señala que corresponderá al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el marco de sus competencias, aprobar las condiciones tarifarias, de interconexión o las que fueran necesarias para la implementación y entrada en vigencia del AVM.

Finalmente, el Proyecto dispone, en lo que constituye una prueba de más de la regulación ficción a la que nos tienen acostumbrados nuestras autoridades, que serán las empresa operadoras las que asumirán los costos de adecuación de red para la implementación del AVM con la finalidad de evitar que sean trasladados a los usuarios. Es ficción, porque las llamadas originadas desde un equipo móvil no se encuentran sujetas a regulación tarifaria, en dicha medida, nada impediría que las operadoras móviles trasladen estos costos a los abonados a pesar de la declaración contraria contenida en el proyecto. Libertad de empresa le llaman algunos a esta potestad.

El MTC cree que esta medida facilitará la implementación de la portabilidad numérica en los servicios públicos móviles, incidirá en menores tarifas para los usuarios y promoverá la tendencia del mercado móvil de ir unificando sus tarifas. Lo cierto es que independientemente de estas metas, la medida terminará de moldear el mercado de larga distancia nacional.

En el Perú el servicio de larga distancia se brinda a través de las modalidades de preselección y llamada por llamada (call by call). Sin embargo, este mercado que se reveló como uno de los más dinámicos desde que se abriera la competencia en el año 1999, se ha visto afectado en los últimos tiempos por varios factores. Uno de ellos, es la eliminación de la preselección por defecto dispuesta por el MTC con la aprobación de los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” en febrero del pasado año pasado e implementada posteriormente por Osiptel. La eliminación de la preselección por defecto, más que dinamizar el mercado como se proponía, produjo que una parte importante del tráfico de larga distancia nacional que se originaba en terminales fijos migrara hacia las redes móviles, aprovechando que los operadores móviles venían ofreciendo planes tarifarios con un trato similar para llamadas locales y de larga distancia nacional.

La medida que crea el AVM no hará sino fortalecer la tendencia hacia la sustitución del tráfico fijo por tráfico móvil constituyendo tal vez el tiro de gracia para el negocio de larga distancia nacional desde líneas fijas, de tal suerte que los concesionarios de servicios móviles se cosolidarán como los operadores por defecto de dicho tráfico. Cabría preguntarnos si valió el esfuerzo (gasto de los escasos recursos públicos y el aumento de la conflictividad entre los operadores) que el MTC dispusiera eliminar la preselección por defecto, si ya tenía planificado crear el AVM y extinguir de facto el servicio de la larga distancia nacional desde las redes fijas sólo unos meses después.