Con esta entrada terminamos la pequeña saga dedicada a la educación peruana. En la primera entrada dedicamos algunas líneas a repasar la actualidad del sector a partir del informe de la consultora Proexpansión (“La educación de calidad en Lima”), los resultados de la última Evaluación Censal a Estudiantes (ECE 2013) y las presentaciones de Jáime Saavedra y Martín Vizcarra en el CADE 2014. En esta oportunidad dedicaremos los siguientes párrafos a comentar la racionalidad de la meta de gasto en educación establecida del Acuerdo Nacional.
La meta del Acuerdo Nacional
En un país presupuestívoro ((Presupuestívoro: «voz que aplicamos a la persona que, sin merecerlo o sin aptitudes, vive del presupuesto». Ricardo Palma, Papeletas Lexicográficas, Lima, Imprenta la Industria, 1903.)) como es el Perú, parece hasta lógico que achaquemos todos los males nacionales a la falta de presupuesto público suficiente, sin que de recibo nos preguntemos si el gasto propuesto es alcanzable, no ya si es plausible o eficiente, simplemente si dada la estructura de los ingresos públicos es posible prodigar el dinero del contribuyente peruano para satisfacer los apetitos de los políticos, que al fin y al cabo son los mentores del Acuerdo Nacional.
