Google saca navaja a Microsoft

Hace unos meses dimos cuenta (Microsoft y la UE: la guerra continúa) que la Comisión Europea había iniciado una investigación en el marco de las normas de libre competencia contra Microsoft por la vinculación de su Internet Explorer (IE) con el sistema operativo Windows. Pues bien, a fines del mes de febrero Google habría decidido acompañar a Opera Software y Mozilla Foundation en el mencionado proceso como tercero. De esta forma, al participar en el procedimiento, Google tendría a la mano las acusaciones contra Microsoft lo cual le permitiría presentar sus observaciones a los reguladores europeos.

De acuerdo con una nota de Jessica E. Vascellaro y Peppi Kiviniemi publicada en el The Wall Street Journal (Google Joins Probe Into Microsoft’s Browser) la Comisión Europea estaría considerando exigir a Microsoft que ofrezca a los usuarios del sistema operativo Windows la posibilidad de elegir otros navegadores además del Internet Explorer.

Este es un capítulo más en el enfrentamiento que desde hace tiempo vienen teniendo Google y Microsoft. Es conocida la disputa que sostuvieron estos dos gigantes por el mercado de la publicidad en Internet. Recordemos que el año pasado Microsoft se declaró contrario a una asociación entre Google y Yahoo, iniciativa que fue dejada de lado luego que Departamento de Justicia de los Estados Unidos mostrara su intención de revisar el acuerdo (El Mundo: El Departamento de Justicia de EEUU planea revisar el acuerdo Google-Yahoo!).

Un año antes, en el 2007, Microsoft también se opuso a la adquisición de Google de la empresa de publicidad en linea DoubleClick, bajo el argumento que esta operación daba a Google una cuota muy grande del mercado de publicidad en Internet. La fusión fue autorizada sin problemas por las autoridades de competencia de la Unión Europea a pesar de los problemas detectados a la libre competencia y a la protección de datos de los usuarios (El País: Doubleclick ya es de Google).

Siguiendo el artículo del The Wall Street Journal, Sundar Pichai, Vice Presidente de gestión de productos de Google, advirtió que Google había decidido participar en el proceso, dado que los navegadores son fundamentales para el desempeño de los usuarios en Internet y en la medida que Google cree que el mercado de navegadores sigue siendo poco competitivo y que frena la la innovación para los usuarios. Esto último debido a que el IE vinculado al sistema operativo de Microsoft, le otorga una ventaja injusta sobre otros navegadores.

Algunos de los remedios que debería imponer la Comisión Europea a Microsoft han sido analizados p0r Mitchell Baker, presidenta de Mozilla Foundation, en un su blog (EC: List of Potential Principles ) recogido por Enrique Dans (Google se persona como parte en el caso contra Microsoft), listamos los remedios más importantes:

(1) Windows no debe influenciar en la libre elección de una persona por un navegador alternativo.

(2) Windows debe permitir que los usuarios escojan otros navegadores, presentando opciones para su descarga cuando el usuario actualiza Windows o el IE, incluyéndolos en Windows y no establecer el IE como navegador por defecto.

(3) Microsoft debe educar a los usuarios acerca de otros navegadores.

(4) Las herramientas de desarrollo de Microsoft no deberán producir resultados específicos para IE o para Windows

(5) IE deberá cumplir específicamente con los estándares web.

Ya en anteriores posts hemos deslizado algunos comentarios sobre nuestra posición. En particular, creemos que la decisión de sancionar a Microsoft en el caso Windows Media Player fue un error y este precedente viene siendo utilizado por los competidores de Microsoft para intentar que la autoridades de competencia de la UE le impongan una suerte de obligación a colaborar con ellos, algo que está lejos del espíritu de las normas de competencia y que en el largo plazo no benefician a los consumidores.

Llama la atención que Google siendo una empresa americana, como Microsoft, no resuelva sus entuertos apelando a los tribunales de su país y cruce el Atlántico para formar parte de un proceso en el marco de las normas comunitarias europeas. Parece evidente que nos encontramos ante una actitud oportunista del gigante de Mountain View en la medida que las autoridades americanas suelen ser más restrictivas al momento de imponer sanciones por violación a las normas de competencia, basta para ello recordar el desenlace del procedimiento que iniciaran contra Microsoft 19 Estados y el Distrito de Columbia.

En el mundo del todo es gratis, Microsoft ¿Un pionero?

Esta historia comienza con King Gillette y el modelo de la maquinilla y las hojas de afeitar (razor and blades business model). Discurría el año de 1895 y Gillette era un inventor frustrado que se dedicaba a vender tapones de corcho, hasta que un día casi por casualidad puso a prueba su ingenio y se cuestionó si sería capaz de mejorar la cuchilla de afeitar existente en la época, para ello diseñó una maquinilla con una hoja removible de metal la cual se podía desechar y reemplazar fácilmente una vez que perdía el corte. A partir de esta idea y después de unos años de experimentación Gillette inventó su famosa maquinilla de afeitar. Para popularizarla Gillete regaló a diestra y sieniestra sus máquinillas con lo que generó la demanda de las hojas de metal, verdadero motor de este nuevo negocio en ciernes. Desde el ejercito de los Estados Unidos hasta los bancos se beneficiaron con sus promociones. Hoy este modelo de negocio sostiene industrias como la de servicios móviles, el equipo celular se subsidia y se vende el plan de llamandas mensual; la de videojuegos, las consolas son baratas y los juegos no lo son tanto; la de café, se instalan cafeteras de lujo en las oficinas gratuitamente pero las bolsitas de café con sabores exóticos son muy costosas.

Esta historia es la excusa a partir de la cual Chris Anderson inicia su artículo más reciente: «Free! Why $0.00 Is the Future of Business» (!Gratis¡ Por qué $ 0.00 es el futuro de los negocios), publicado en Wired Magazine. A partir de este artículo Anderson nos promete la entrega de un nuevo libro en el que desarrollará con mayor profundidad las ideas esbozadas, algunas de las cuales se pueden encontrar desparramadas en su blog personal. Como se recordará Chris Anderson, editor en jefe de la revista Wired, es también autor del artículo y del libro «Long Tail» (La larga cola), considerado uno de los libros de negocios más populares en los últimos tiempos. Las repercusiones iniciales que ha generado el artículo parecen asegurar cuando menos el éxito comercial del libro.

En esencia, la tesis de Anderson se sustenta en el análisis de una práctica muy común como es la de distribuir un producto a un precio menor que su costo a cambio de enganchar otro con un margen mayor, que cubre la perdida generada en la venta del primer bien. Con la reducción de los costos producidos alrededor de las nuevas tecnologías este tipo de estrategia es cada vez más frecuente. Cabe recordar que la teoría económica señala que cuando un mercado es competitivo los precios caen hasta el nivel de su costo marginal. Como en las nuevas tecnologías los costos se reducen constantemente éstos alcanzan niveles cercanos a cero. Esto hace que la proliferación de productos gratuitos sea viable y en cierto modo hasta inevitable.

De acuerdo con Anderson la economía de lo gratuito se basa en un sistema en el que participan hasta tres agentes. El primero ofrece productos sin costo al segundo y el tercero está dispuesto a invertir el dinero necesario para sostener el mercado. Es el ejemplo de la radiodifusión: las emisoras ofrecen emisiones gratuitas a sus oyentes porque existen terceros dispuestos a insertar publicidad. Existirían hasta seis modelos de hacer dinero con contenidos gratuitos en Internet.

Sin embargo, no todo está permitido en el mercado. Si bien como señala Anderson en muchos mercados de dos caras (two sided markets) como el de radiodifusión o Internet existe alguien dispuesto a pagar por los clientes que consumen el bien de forma gratuita, lo cierto es que en estos ecosistemas existen actuaciones similares que han sido cuestionadas en el pasado. Recordemos dos casos en los que participó Microsoft. En el primero, el gigante de Richmond integró a su sistema operativo el navegador Explorer lo que significó la expulsión del hasta entonces popular Navigator; y, más recientemente hizo lo mismo con el reproductor multimedia Windows Media Player lo cual dejaba fuera de juego a numerosos reproductores con similares funcionalidades, esta última práctica fue sancionada duramente por las autoridades de Libre Competencia de la CEE. Curiosamente, la tesis de Anderson parecieran darle la razón a Microsoft que habría actuado en el mundo del todo es gratis como un… ¿pionero?

¿Alan García usa Windows?

El acceso a la información pública desde las páginas web estatales

Tan importante como informar a los consumidores dentro de un mercado para la toma de decisiones, el libre acceso a la información estatal es un derecho constitucionalmente reconocido a toda persona y constituye un elemento esencial de cualquier sociedad en democracia. Antes, el ejercicio de este derecho por cualquier particular llevaba implícitos una serie de costos que reducían considerablemente su eficacia como mecanismo de control y fiscalización ciudadana (como engorrosos trámites y caóticos sistemas de archivo). El desarrollo y difusión de la Internet ha permitido el abaratamiento de estos costos pero ha revelado también una verdad incómoda: que al Estado no le gusta que le pregunten nada. Las páginas web de las entidades estatales (.gob.pe), salvo contadas excepciones, dan cuenta exacta de cómo ciertas dependencias aún consideran que el brindar información a las personas que lo solicitan sin manifestación de causa es un favor y no una obligación de su parte.

Nuestra Constitución textualmente reconoce como derecho de toda persona el solicitar información a cualquier entidad pública, sin expresión de causa, y recibirla dentro del plazo preestablecido con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de Rosalía Quiroz de la Universidad de San Marcos, al 2006 el setenta por ciento de las páginas web de los gobiernos regionales y locales no cumplía lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Las faltas comprendían desde la no publicación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos hasta incluso la no publicación de las normas municipales o regionales.

El ejercicio de este derecho, peor aún, no solo es impedido por las carencias de fondo antes mencionadas sino que la gran mayoría de las páginas web estatales ni siquiera cumplen con los estándares mínimos tecnológicos que permitan su correcta visualización y accesibilidad a través de cualquier navegador. Solo hay un par de ellas que ofrecen su información para personas con deficiencias visuales (ej. Ministerio de Energía y Minas). Inclusive, la mayoría de estas páginas solamente están diseñadas para verse bien en Internet Explorer (IE), lo que se traduce en que solo quienes usen Windows (no existe IE para otros sistemas operativos) podrán acceder a esa información. El software original cuesta cerca de cien dólares en Perú. Si la información pública debería estar disponible al menor costo posible, esta barrera tecnológica resulta discriminatoria. ¿O acaso el Estado confía en que todos usemos copias ilegales de Windows para ejercer nuestros derechos?

En agosto de 2006 se publicó el Decreto 100 en Chile, norma técnica que establece las pautas mínimas para el adecuado desarrollo de sitios web del Gobierno. El principal motivo de la norma fue el de permitir a las personas acceder de manera rápida, efectiva y eficiente a los servicios, funciones y prestaciones de cada sitio web del gobierno. Una de su disposiciones obligaba a las dependencias públicas a adecuarse a los estándares y normas internacionales sobre accesibilidad para facilitar el acceso a las personas discapacitadas en sus páginas web. Así mismo, se obligaba a tener permanentemente funcionando todos los enlaces, recursos e imágenes del sitio. Además, se recomendaba que el sitio web cumpla con los estándares HTML 4.01 o XHTML 1.0 validados ante el W3C (lo que los haría posibles de ser visualizados desde cualquier navegador bajo cualquier sistema operativo). Este es el primer caso en Latinoamérica de una norma de estas características. ¿Cuánto esperaremos para que nuestros legisladores hagan siquiera el copy/paste? Lamentablemente, esa información tampoco está disponible.